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La política es asunto de los políticos

Publicado el 6 de junio de 2022, 18:36

Ya sabemos que el ciudadano medio identifica la política como una actividad cuando menos turbia y, cuando más, despreciable; y también que ese descrédito se traslada enseguida a los políticos, quienes ocupan los puestos más bajos en las encuestas que entre nosotros miden la estima social de las profesiones e instituciones. Todo ello salta, si no a la vista, sí al oído tal como se escucha en la plaza pública.

 

1. Casi nadie se priva de sentenciar que la política es asunto de los políticos y que sólo a ellos les toca dedicarse a esta ocupación. Así dejamos claro qué y cuánto cabe esperar de cualquiera de nosotros en el cuidado de la cosa de todos. Sólo a los políticos les corresponde arreglar cuanto haga falta de los asuntos comunes (sin que olviden, claro, velar por lo mío…).

Pero lo más frecuente es que aquella expeditiva sentencia se acompañe de otro tópico según el cual la política es tarea de los políticos, porque para eso les pagamos. Vendría a ser algo así como decir que, la política, para quien la trabaja. A veces se deja entrever en ese desahogo algún prejuicio favorable a que la política se guiara por un afán cercano al altruismo. Suele olvidarse que, como esta actividad no fuera remunerada, sólo los muy pocos que contaran con rentas suficientes y pudieran «vivir para» la política se harían cargo de las tareas públicas. O, lo que es igual, que no hay más remedio que hacer posible para nuestros representantes el «vivir de» la política si queremos que ésta cuente con una base lo bastante representativa.

No entremos ahora ni a denunciar algunas de sus prebendas, ni a medir la cuantía comparativa de sus sueldos ni a cómo conjurar el peligro cierto de que la política mude su naturaleza en cuanto se convierte en profesión. Destacaré tan sólo que esa profesionalización nos viene de perlas para dispensarnos de nuestros quehaceres civiles. Eso sí, cuanto más se insista en que a nosotros nos dejen en paz, mayor será el riesgo de que los asuntos públicos sean los asuntos privados de los partidos, el negocio particular de los políticos. Nuestra condición ciudadana se agota en cumplir mal que bien con Hacienda y, según nos dé, en votar a desgana cuando nos convocan; el resto es asunto de esos ciudadanos especiales que son los políticos. Así las cosas, ¿de qué quejarnos si luego pasa lo que pasa?

 

2. ¿Y quién no ha dicho u oído a estas alturas aquello de que todos los políticos son iguales, se sobreentiende: gente de poco fiar o individuos que van a lo suyo, sin excesivos matices? Sentado lo cual, ¿para qué molestarse en comprender sus diferencias ideológicas, comparar sus programas respectivos o vigilar sus conductas públicas, con el trabajo que ello exige? Añádase el apuro de tener que pronunciarse sobre la justicia o injusticia de sus reclamaciones y quedar así expuesto a las réplicas del contrario. Resulta más confortable reducir a los políticos al común denominador de aprovechados, que ahí nos entendemos todos.

Nadie ignora, ni que estuviéramos ciegos, cuánto indeseable descubre de pronto en su interior una irreprimible vocación de servir al pueblo. Pero no es menos cierto que a menudo su presunta inepcia o su real malicia nos sirven para certificar, por contraste, nuestra acrisolada competencia y un altruismo sin tacha. Sólo cuando nos aprietan reconocemos que, sometidos a sus tentaciones y presiones cotidianas, a lo peor seríamos tan estúpidos o corrompibles como les suponemos a ellos.

 

3. En tono entre realista y descreído, no faltarán entonces quienes tercien con que tenemos los políticos que nos merecemos. Y se presupone: mediocres. Es un modo oblicuo de confesar por fin que somos de una pasta parecida y que no vale la hipocresía de culparles en exclusiva de unos pecados que los demás seguramente también cometeríamos en su lugar. Eso sonaría muy bien, si no fuera porque al mismo tiempo tan humilde reconocimiento viene a sugerir que nadie exija nada de los hombres públicos ni de los ciudadanos de a pie, porque unos y otros somos lo que somos; así que menos quejas y a conformarse con lo que hay. El tópico justifica a la vez la baja calidad del político y la desidia del ciudadano.

Pero el caso es que, cuando elegimos a esos políticos y los destacamos así sobre los ciudadanos corrientes, no es para que reproduzcan en el foro público nuestro conformismo y mediocridad, sino para que representen nuestras más dignas aspiraciones.

En un régimen democrático debemos hacernos merecedores de más de lo que tenemos, y eso significa que hemos de escoger políticos que sean mejores que nosotros.

 

4. Tanto prejuicio acumulado contra la política se muestra en el runrún habitual de que una determinada situación o una propuesta resultan deleznables, por lo menos sospechosas, porque se han politizado y no hay que politizar las cosas.

 

Otra simpleza mayúscula. Dejando la esfera privada a buen recaudo, hay que politizar todo lo que nos afecta en tanto que miembros de una polis, y en todo lo posible y cuanto más mejor. Es decir, ha de procurarse que todo lo tocante a nuestra libertad e igualdad públicas, que todo lo que pueda contribuir a depurar la vida colectiva…, pase por el examen del mayor número de ciudadanos, se debata entre ellos y se decida públicamente acerca de su conveniencia. Somos seres tanto más libres cuanto más politizados. Y, como no ocurra así, no es que el asunto en cuestión esté despolitizado, sino que algún interés bastardo lo habrá excluido del juicio y decisión de todos para ser politizado por y en beneficio de algunos.

¿Que la tabarra de marras sólo quiere denunciar las miras partidistas o sectarias, en una palabra, las que subordinan el interés general al particular de un grupo o de un líder? Pues entonces debería decirse, para no confundir ni confundirnos, que ese problema está mal politizado y hay que procurar politizarlo bien.

 

5. Todavía se escucha en nuestras plazas a todas horas que alguien es una persona decente porque no se mete en política, sino que va a lo suyo. Y la tópica cantinela se remata con el máximo timbre de gloria de que esa persona sólo vive para su familia: de casa al trabajo y del trabajo a casa. ¿Será preciso enumerar la serie de disparates que ahí están contenidos?

Pues se pregona que la política es algo sucio, un espacio más o menos perverso en el que reinan los más viles intereses o la mentira y sólo triunfan los canallas. La obligación del hombre honesto será huir de todo contacto con ella. De manera que la única clase de vida valiosa será la privada o íntima, y no habrá más vida útil que la laboral, frente a esa otra vida ciudadana a un tiempo carente de valor e inútil. Se trata de un capítulo central del catecismo del hombre «normal» de nuestros días, que a muchos les anima a presentar como primera tarjeta de visita eso de que yo no soy político. Nada importa que ello contradiga lo que los mejores pensadores morales y políticos nos han enseñado a lo largo de veinticinco siglos. A quienes se desentendían de lo común o de todos para preocuparse sólo de lo suyo (idios), los atenienses del siglo V a. C. ya les llamaban idiotas.

Con esos prejuicios se alinea una imponente batería de razones que sostienen el edificio entero de la teoría política liberal. El denominador común a todas ellas es la consagración de lo que cabría bautizar como una «ciudadanía de omisión». Llamo así a la que se hace fuerte en el talante abstencionista, tal como delatan aquellos tópicos acerca de la persona respetable y prejuicios por el estilo. Es el comportamiento de quien sólo se mueve por deberes públicos negativos (no hacer daño ni negar derechos ajenos), pero se cree exento de deberes públicos positivos más allá de pagar sus impuestos, si no puede evadirlos. Esta ciudadanía es hoy la más extendida y la que sigue gozando de notable predicamento en nuestras sociedades todavía bastante más liberales que democráticas.

Son de sobra conocidos los pilares doctrinales del liberalismo, y aquí sólo cumple recordar los más firmes. Uno es de naturaleza antropológica, la firme creencia de que el hombre es un Homo economicus, es decir, un calculador de beneficios y costes, alguien que se considera desatado de otros lazos sociales que no sean los que establece a cada momento su interés egoísta. Sólo si acepta guiarse por tales premisas, él mismo y su conducta serán racionales. El otro fundamento, éste ya de carácter normativo, es la prevalencia de la libertad negativa por encima de la positiva. El individuo en sociedad debe regirse por una libertad que consiste en no interferir en la conducta de los otros, así como en la no intromisión de los demás (y ante todo del Estado) en la suya propia. Es una libertad que prohíbe acciones y ordena las omisiones contrarias. El ciudadano liberal, que forma la mayoría ciudadana —la bien llamada «mayoría silenciosa»—, proclama su derecho a no deber.

Semejante rechazo de deberes positivos hacia los otros se plasma, naturalmente, en el alejamiento general de la participación política. Ya lo habían anunciado varios pensadores
clásicos de la política desde el siglo XIX, igual que nos previnieron de sus fatídicas consecuencias. Para Tocqueville, el individualismo y el afán de igualdad de las masas modernas «les
predispone a no ocuparse de sus semejantes y (…) a hacer de la indiferencia una especie de virtud pública». Los que huyen de la vida pública para refugiarse en la privada dejan la política en manos de unos pocos y este despotismo democrático que resulta de esa actitud fugitiva provoca a su vez nuevas huidas. Al igual que el cliente en el mercado, alguien ha explicado que el ciudadano común escoge hoy para su conducta pública la salida con preferencia a la voz. Y es que mientras la voz o la toma de la palabra —«la acción política por excelencia»— es directa, personal, y resulta por ello costosa y hasta arriesgada, la salida —la abstención u omisión— representa un mecanismo impersonal e indirecto que apenas exige esfuerzo.

En ésas estamos y así nos va.


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