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LA ESPADA , LA OTAN Y EL VATICANO

Publicado el 26 de diciembre de 2021, 18:29

Tienen que pasar diecisiete años y terminar la Guerra Fría para que, después de las luchas y los trabajos incansables de grupos pacifistas y defensores de los derechos humanos, e incluso de la propia Magistratura italiana, finalmente la OTAN reconozca, de forma oficial, su responsabilidad en el derribo del avión comercial DC-9 Itavia el 27 de junio de 1980. Este aparato sufre el ataque de varios cazas de la Alianza, sobre el cielo de la isla de Ustica, al norte de la isla de Sicilia, y se hunde en aguas meridionales del mar Tirreno con 81 personas a bordo.

A principios de 1997, un oficial de la OTAN ofrece, por fin, las pertinentes aclaraciones en relación con este caso ante el juez instructor Rosario Priore, en Roma, y deja al descubierto decenas de falsificaciones llevadas a cabo por militares italianos y centros de radar para ocultar el ataque. Durante esas mismas fechas de 1980 también habían sido abatidos por aviones de la OTAN varios aparatos libios, intentando provocar un conflicto bélico con el régimen de Gaddafi. Un error militar hizo que fuera derribado también el avión comercial. Pero la OTAN lo máximo que llega a reconocer oficialmente es que «el 27 de junio de 1980 había un portaaviones de la Alianza en el Tirreno meridional».

En Italia, la Alianza presta cobertura directa a la red «Gladio» y sus tentáculos intervienen, de forma muy activa, en la llamada «estrategia de la tensión». La gravedad de los hechos provocados por «Gladio» y sus implicaciones políticas al más alto nivel son también recogidos en la sentencia del Tribunal de Venecia del 10 de octubre de 1991 y reconocidos ante los medios de comunicación por el entonces presidente de la República italiana, Francesco Cossiga. La sentencia dice más adelante: «No hay duda de que la creación y la actividad de Gladio tuvieron relevancia política y comportaron "cargas financieras" para el Estado italiano, además de "modificaciones", por no decir violaciones de las leyes ordinarias, como aquellas en materia de introducción y transporte de armas y explosivos». Es consciente de todo esto el abogado del Estado que, en fecha 7 de enero de 1991, requiere la opinión del presidente del Consejo de Ministros sobre el complejo clandestino denominado «Stay Behind» (restare indietro, «quedar detrás»). La respuesta que recoge la sentencia termina así: «El acuerdo del 28 de noviembre de 1956, alcanzado entre los servicios de información italianos y estadounidenses para la creación de la organización clandestina, no es un tratado internacional sino que forma parte de la ejecución y actuación del tratado OTAN aprobado por la ley n.° 465/49».

En el proceso de «estrategia de la tensión» desarrollado en Italia durante varias décadas aparece implicada una larga lista, todavía incompleta, de nombres de políticos, democristianos y socialdemócratas. Desde el citado ex presidente de la República Francesco Cossiga hasta Giulio Andreotti, además de militares y altos miembros de los servicios secretos. Varios de ellos llegan a ser procesados por actividades terroristas, como los generales De Lorenzo y Miceli. Además, se evidencian conexiones directas de la red con el Vaticano y la Mafia. Michael Sindona, presidente de la Banca Privada, considerado próximo a los ambientes de la Mafia italoamericana, es quien pone a las autoridades sobre la pista de la conexión vaticana, al acusar al arzobispo Marcinkus, presidente del Instituto para las Obras de la Religión, la banca vaticana, y a Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano y miembro de la logia masónica P-2, de haberse involucrado con él en diversas operaciones consideradas de alto riesgo. A través de varias sociedades interpuestas, Calvi y el «banquero de Dios» operan juntos y destinan dinero a operaciones ocultas, pagando sobornos, moviendo dinero negro procedente de la evasión fiscal o lavando dinero de la Mafia y otras organizaciones criminales. Con la muerte de Pablo VI y la elección de Juan Pablo I, en 1979, la suerte de Marcinkus parece agotarse. Pero, en realidad, ocurre lo contrario; Juan Pablo I muere repentinamente (en todas las teorías sobre su supuesto asesinato aparece Marcinkus) y le sucede Juan Pablo II, un viejo amigo del «banquero de Dios», que no olvida sus aportaciones durante los años setenta al sindicato polaco Solidaridad.

Durante veinte años, Italia padece un terrorismo en gran escala dirigido por la CIA y los mandos de la OTAN. Los propios acusados en los procesos contra la red «Gladio» lo han explicado: «Gladio» sirve para evitar que el Partido Comunista llegue al poder en unas elecciones. Lo reconocen también el general Vito Micelli, ex jefe de los servicios secretos italianos, o el propio William Colby ex director de la CIA.

La actividad de la red «Gladio» deja un aterrador reguero de muerte. El primer hito de esta historia se da en julio de 1964, cuando se produce un intento de golpe de Estado del general Giovanni de Lorenzo, jefe del SIFAR, con el visto bueno de los norteamericanos, contra la incorporación a la coalición de Gobierno del Partido Socialista Italiano. Cinco años después, el 7 de diciembre de 1969, se hace público en la prensa británica un «informe sobre la situación italiana», redactado por un agente del régimen de los coroneles griegos, que habla de una organización ligada a los servicios del coronel Papadopoulos, entonces jefe del Gobierno griego y agente de la CIA. El documento relaciona a los servicios de la dictadura griega con elementos de la extrema derecha y militares italianos, que tienen planeado realizar atentados en Italia para desestabilizar al Gobierno. Cinco días más tarde explota una bomba en el Banco de Agricultura de piazza Fontana, en Milán, que causa 17 muertos y 90 heridos. La policía detiene a un anarquista, Pinelli, al que se quiere responsabilizar del atentado. El sospechoso vuela desde un piso de la comisaría durante el tercer día de los interrogatorios. Diez años más tarde son condenados por los hechos dos fascistas y un miembro de los servicios secretos italianos.

En diciembre de 1970 hay un intento de golpe de Estado, encabezado por Valerio Borghese, que se refugia en España tras el fracaso de su plan. Tres años después se descubre un nuevo proyecto fascista de golpe de Estado, y en mayo de 1974 explota una bomba en Brescia, durante una manifestación sindical, que causa 8 muertos y un centenar de heridos. Tres meses más tarde, el 4 de agosto, explota una bomba en el tren Italicus, que causa 12 muertos y 45 heridos. La estrategia de la tensión auspiciada por la CIA continúa y en agosto de 1980 explota una nueva bomba en la sala de espera de segunda clase de la estación ferroviaria de Bolonia, que provoca 85 muertos y centenares de heridos. En diciembre de 1984, otro artefacto, colocado en el tren 904 Nápoles-Milán, explota cuando el convoy atraviesa el túnel de los Apeninos y provoca 16 muertos y un centenar de heridos.

Nueve años antes, en diciembre de 1975, William Colby, jefe saliente de la CIA, había prestado declaración ante la Comisión Church del Congreso norteamericano, durante una comparecencia relacionada con las actividades de su servicio de inteligencia en algunos países europeos. La Comisión investigaba los métodos sucios de actuación de la Agencia y tenía especial interés en conocer lo ocurrido a partir de 1972 en Italia, donde la CIA «ayudaba» económicamente a los partidos políticos de derecha y estaba implicada en numerosas actividades criminales. George Bush, el primero de los dos presidentes de Estados Unidos con el mismo nombre, presente en la sala donde declaraba Colby, comentó: «No se pueden excluir otros acontecimientos semejantes cuando eso fuese requerido por exigencias de la seguridad de Estados Unidos».


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