Implicaciones directas de los servicios de seguridad en la guerra sucia.

En 1986, el entonces director de la policía Rafael del Río, relacionado por Luis Roldán en la utilización indebida de fondos reservados del ministerio del Interior creó la brigada anticorrupción.

Denominada oficialmente de régimen interior, su responsable sería el subcomisario José García Fernández y una de sus principales misiones fue la de investigar el llamado caso de la "mafia policial" que estalló a finales de 1985.

En el asunto de la mafia policial se investigaron las relaciones de importantes joyeros como Mariano Loriente y Federico Venero con policías, a su vez relacionados con la desaparición en dependencias policiales de un confidente de la policía apodado El Nani. El jefe de la brigada anticorrupción vinculó ante el juez los casos Nani y el del joyero Loriente secuestrado en 1978 y desaparecido en 1983, en el que se vio implicado Messía Figueroa, El Marqués, conocido agente de los servicios de información ya implicado anteriormente en el secuestro del también joyero Recaredo González Pazos. La mafia policial, muchos de los implicados antiguos miembros de la político-social, estaba implicada en el asesinato de más de 7 personas relacionadas con el mundo de la "joyería". Confidentes de la policía tras la información recibida por inspectores, atracaban o secuestraban a joyeros algunos de los cuales eran a su vez colaboradores policiales. Una parte sustanciosa del botín debía ser entregada a los ex agentes de la político-social ahora integrantes de la brigada criminal y de las brigadas regionales de información y judicial, en varias ocasiones se deshicieron de sus colaboradores para tocar a más...

A raíz de estos hechos se produjo una pequeña reestructuración en las brigadas regionales de la policía judicial de Madrid y Santander, ocho miembros de la brigada regional de policía judicial de Madrid y varios de la de Santander estaban implicados en los hechos: el comisario Emilio Ballesteros, en 1981 responsable de la brigada, los inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo, Felipe Pindado Berruezo, Miguel Angel Lebrón Díaz-Flor, Gonzalo Alvarez Fernández, Adelardo Rafael Martínez García responsable del grupo primero de la brigada antiatracos, su segundo Francisco Aguilar González y su tercero José María Pérez Gutiérrez, algunos de ellos ingresaron en prisión. También fue implicado indirectamente en los hechos el comisario Angel Ortega que en 1988 sería nombrado responsable de la academia de policía. Rodríguez Colorado también se vería salpicado, ya que en esas fechas fue gobernador civil de Madrid, en 1988 accedería al cargo de director general de la policía.

El aristócrata Messía Figueroa huyó de España ante las responsabilidades que se desprendían de las investigaciones, después de ser descubierto en Brasil desapareció y se le volvió a localizar en 1994 en la ciudad de Miami donde ocupaba un apartamento en un significado bloque de edificios, en el apartamento 1407 de la torre 1, del complejo Four Ambassadors en el 905 South Bay Shore.

Esta edificación era propiedad de una empresa (CODERE) integrada en la española "recreativos Franco", una de las empresas de juego "tragaperras" más importantes implantadas en España y propiedad de los hermanos Franco.

Eran también propietarios de apartamentos en ese edificio el secretario de estado para la seguridad Rafael Vera, el director general de policía Rafael del Río, el ex subsecretario de Interior José Luis Martín Palacín, Pedro García Juarranz ex responsable del departamento de documentación y el magistrado Rafael de Mendizábal y Allende, además de prestigiosos abogados españoles.

Messía Figueroa, tras ser detenido en 1995 en Miami, sería extraditado en marzo de 1996, en junio de ese mismo año sería puesto en libertad9.

En mayo de 1994 Luis Roldán, director general de la guardia civil, que estaba siendo investigado por cobro ilegal de comisiones y uso indebido de los fondos reservados huye del país. Este hecho provocaría la dimisión del que era ministro del Interior Antoni Asunción y anterior director general de instituciones penitenciarias, Roldán sería detenido en Marzo de 1995 en Bangkok.

En sustitución de Asunción, sería nombrado superministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch, que comienza su mandato haciendo una profunda "modernización" en el ministerio de Interior, aunque mejor sería llamarla depuración encubierta.

Belloch actuando conjuntamente con su secretaria de Estado Margarita Robles comenzó una depuración que debería haberse realizado muchos años antes. Empezó decretando los ceses de Agustín Linares10, subdirector general operativo de la policía, Carlos Conde Duque director general de la policía, el subdirector de gestión José Antonio Parreño y el comisario general de información Jesús Martínez Torres.

Según declaró un alto cargo del ministerio de Interior a la prensa lo que intentaban realizar con estos ceses era: "hacer la "transición” en las fuerzas y cuerpos de seguridad".

El nuevo director general de la guardia civil en sustitución de Roldán pasaría a ser Fernand Cardenal que en las fechas anteriores ocupaba el cargo de gobernador civil de Barcelona.

En marzo de 1995 el ministro de Justicia comenzó a quitar atribuciones a la guardia civil, entre ellas el control de los pasos fronterizos y los aeropuertos en favor de la policía11.

* * *

A mediados de la década de los 80 el clandestino sindicato uniformado de la guardia civil, SUGC, hizo llegar a la Audiencia Nacional informaciones sobre la existencia de una red mafiosa de la guardia civil que operaba fundamentalmente desde San Sebastián en negocios de contrabando de armas, narcotráfico y proxenetismo. Al frente de ella se encontraría el coronel Enrique Rodríguez Galindo destinado en el País Vasco desde 1980 y responsable de la lucha contra ETA, que dirigía desde el cuartel de Intxaurrondo en San Sebastián.

Galindo era el jefe del Servicio de Información de la guardia civil de San Sebastián en 1984 y mano derecha del coronel Andrés Cassinello12, distintas investigaciones apuntan a su relación desde el cuartel de Intxaurrondo con la guerra sucia contra ETA potenciando su propio GAL (el GAL verde). En agosto de 1995 tras ascender al generalato pasaría a ocupar un cargo de asesor del ministerio de Defensa a pesar de las graves imputaciones que se vertían sobre él, otro pago a los servicios prestados.

En la misma red mafiosa habrían participado, presuntamente, los comandantes Máximo Blanco y Ramón Pindado, también estaban implicados el ex capitán Gil Sánchez Valiente agente del CESID y relacionado con el golpe del 23F-81 - al que se dejó escapar con un maletín, del que se decía, contenía información comprometedora de la trama golpista, empezaría a conocérsele como el "hombre del maletín" volvería a España en 1994 procedente de los Estados Unidos tras permanecer protegido por los servicios secretos militares norteamericanos-, el subteniente Francisco Sancho Muñoz jefe de la guardia civil del aeropuerto de Fuenterrabía y un tal capitán Rubio destinado posteriormente a las islas Baleares con mayor graduación13.

El comandante Ramón Pindado era el cerebro de la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga (UCIFA) y el SUGC establecía como posibles responsables de la trama a los coroneles Ayuso Garabito y al teniente coronel Quintero.

Luis Roldán director general de la guardia civil no hizo caso en 1993 a las recomendaciones de Garzón, delegado especial del Plan Nacional Contra la Droga, de cesar a los máximos responsables de la UCIFA, por el contrario solo actuaría contra los más bajos en el escalafón, ese motivo sería uno de los fundamentales en obligar a Garzón a presentar su dimisión ante Felipe González, aunque seguramente el principal fuera su exclusión de la cartera de Justicia e Interior tras la dimisión de Corcuera.

La guardia civil jamás perdonaría a Roldán las depuraciones que realizó en la UCIFA aunque no afectaran a los máximos responsables.

Atado y bien atado.

Tras la muerte en 1975 del general Franco la sucesión del régimen quedaba preestablecida por el dictador. Juan Carlos I de España era la opción aceptada y consensuada por los representantes fundamentales del sistema: el ejército, la banca y la iglesia. Las fuerzas políticas antifranquistas y el pueblo español nada pudieron hacer para evitar lo que, como dijo el dictador en su testamento, nos dejaba "todo atado y bien atado".

Las ejecutivas de los partidos históricos antifranquistas, entre ellas el PSOE, ya habían pactado el acatamiento de la monarquía estando Franco vivo, la ayuda que recibieron los socialistas españoles del interior por el régimen franquista en sus últimos años es patente e incuestionable, el PCE se vio en la tesitura de continuar su lucha en la semiclandestinidad o participar de los presupuestos generales del estado, aceptando la continuidad del postfranquismo; toda la lucha que durante años y años habían llevado adelante los resistentes contra la dictadura servía de almoneda ante los vergonzosos pactos que se institucionalizaron con el antiguo movimiento franquista y que se materializaron en la renuncia y olvido de los 40 años de represión que asolaron la península ibérica, los antiguos gestores del franquismo se transformaron por arte de magia, con el truco de la Ley de Reforma Política, en los UCD, AP y un sin fin de siglas que desconcertaron a la opinión pública, los partidos históricos tradicionales del interior eliminaron de un plumazo cualquier recuerdo ideológico con su pasado.

La aparición a la luz pública, en la última década de los 80 y primeros de los 90, de los casos de corrupción y los entramados de la guerra sucia o terrorismo de estado son las consecuencias lógicas de la continuidad de un régimen, el franquista, que no acabó con la muerte de Franco, solamente se transformó. De una dictadura con un aparato represivo impresionante, una oligarquía económica que hacía del monopolio y el nepotismo su razón de ser, una iglesia caracterizada por su integrismo rayando en lo enfermizo y sobre todo un ejército que hacía de su "gloriosa cruzada" contra los rojos su enseña más preciada y que creía ser la reserva espiritual de Occidente poco más se podía esperar. Los miles de funcionarios del falangismo, CNS y otras instituciones del "Movimiento", fueron reciclados; unos irían a los nuevos sindicatos, UGT, CC.OO., USO, STV o a sus organizaciones políticas, preferentemente no comunistas como el PSOE, los que no fueron reciclados de esa manera pasaron a la administración central y posteriormente a las autonómicas, el lastre que en la actualidad arrastra este país dentro del personal de la administración con una mentalidad netamente franco-falangista es una losa que no desaparecerá hasta dentro de por lo menos veinte años. La gran cantidad de personal de los antiguos sindicatos verticales falangistas (CNS), posteriormente denominada AISS, que se ha incrustado en los resortes más importantes de la administración hacen muy difícil un cambio de mentalidad, muchos de estos elementos tenían 18 años cuando se disolvió la AISS (1976) y donde para poder entrar era necesario prioritariamente una declarada trayectoria dentro de las organizaciones franco-falangista, con pedigrí y trayectoria familiar, nadie en su sano juicio podría pretender que a pesar del pacto de silencio no aparecerían, más tarde o más temprano, todos los cadáveres que se pretendieron ocultar.

En el terrorismo de estado, que es el que nos ocupa en este trabajo, es palpable la continuidad de los aparatos represivos franquistas, a pesar de tratar de lanzar cortinas de humo haciendo responsable de él, en la última década, al PSOE y a sus distintos ministerios del Interior, la única realidad es que los que siempre controlaron el aparato represivo fueron los militares, el Ejército, esto no exime de responsabilidad a los socialistas, al contrario, la potencia por consentirlo.

El ejército español es la institución que menos cambios ha sufrido desde la muerte del "generalísimo", por no decir ninguno.

A los socialistas jamás se les ocurrió hacer una depuración en estas instituciones, ni se les pasó por la cabeza, ellos habían hecho tan bien su papel desde la transición, que pensaban que los fantasmas que aparecieran relacionados con el terrorismo de estado estarían sujetos al famoso pacto de silencio acordado en los primeros años de la transición entre todas las fuerzas políticas, este pacto es una de las bases en que se mantiene la actual monarquía y no es cuestionable, los medios de comunicación colaboraron estrechamente para seguir manteniendo el entramado. En septiembre de 1996, Julio Anguita secretario general del PCE y de Izquierda Unida dio como concluido el pacto ante las intromisiones de la corona en ámbitos que no eran de su competencia, tema OTAN y Maastritch, y reivindicaban su antiguo discurso republicano, veinte años han tardado en reconocer los comunistas el pacto secreto que sirvió, entre otras cosas, para aniquilar a los defensores de la ruptura democrática con el anterior régimen.

Es a raíz de la victoria de los socialistas en las elecciones de 1993 cuando se desata una impresionante campaña contra estos dándose a conocer los numerosos casos de guerra sucia y corrupción que dormían en el sueño de los justos, con la intención de hacer responsables de todo a los distintos gobiernos del PSOE, el pacto de silencio quedaba roto, la ingenuidad de los socialistas ante los hechos destapados era patética.

El Ejército español por encima de la ley.

Con todos los datos aportados en este trabajo podríamos afirmar:

1° Los servicios secretos y la dirección de la represión desde el franquismo y posteriormente con la monarquía han dependido siempre del estamento militar.

2° El objetivo primordial del Ejército es la lucha contra el enemigo interior, o como ellos dicen, contra la subversión.