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Negocios oscuros / PETRÓLEO / TRÁFICO DE ARMAS / ESPECULACIÓN FINANCIERA / NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Publicado el 30 de mayo de 2022, 22:37

Con Manuel Prado, o con otras personas, Juan Carlos se ha visto involucrado a lo largo de sus 25 años de reinado en varios negocios dudosos, aunque quienes figuraban oficialmente en los papeles siempre eran sus "amigos". Se ha movido en diferentes sectores, a los que conviene pasar revista por separado.


PETRÓLEO

 

Una de las primeras formas conocidas que Juan Carlos de Borbón utilizó para ir ganando un pequeño capital personal fueron las comisiones del petróleo. Todavía en tiempo de Franco, hubo una crisis petrolífera que afectó a España de manera importante. Entonces Barrera de Irimo, que era ministro de Economía, se le ocurrió ir a ver al príncipe y pedirle que hiciera de intermediario con el príncipe Fahd, de Arabia Saudí, uno de los productores de crudo más importantes, para conseguir una rápida remesa de petróleo. Juan Carlos envió a un emisario y la respuesta fue inmediata: "Decida mi hermano el príncipe don Juan Carlos, que le enviaremos todo el petróleo que España necesite". A cambio de estos servicios de mediación, el príncipe cobraba una comisión, cosa que a todo el mundo le parecía muy normal. El mismo Juan Carlos ha explicado que su habilidad para tratar con los árabes se debe a que los sabe comprender mejor que nadie: "Sólo los que sabían tomárselo con paciencia llegaban a veces a hacer el negocio de su vida", dijo una vez. Probablemente el emisario real fue en aquella ocasión el mismo Manuel Prado (aunque no lo hemos podido confirmar), puesto que habitualmente era él quien se encargaba de esta clase de asuntos. Alfredo Pardo, director de flota de CEPSA, lo pudo comprobar cuando tuvo que suspender un viaje a Kuwait que tenía programado para firmar un contrato multimillionario de compra de petróleo al emirato, que le dejaría un beneficio abundante de dos centavos por barril en concepto de regalía para el comprador. Cuando ya estaba a punto de irse, le avisaron para decirle que no fuera, que la firma del contrato sería a cargo de don Manuel Prado y Colón de Carvajal, cosa que le sorprendió. Y coincide que el entonces emir de Kuwait, el jeque Zayed, de Abu Zabi, era como Fahd, un gran amigo del rey. "¡Un personaje extraordinario!”, solía decir de él Juan Carlos. Supuestamente, a finales de los setenta el Gobierno de Suárez había adoptado un acuerdo para que un porcentaje pequeño de las transacciones comerciales petrolíferas realizadas por España con otras monarquías del mundo se desviara hacia el patrimonio privado de los Borbones. Estas transacciones comerciales estaban gestionadas por Manuel Prado y Colón de Carvajal.

A principios de los ochenta, e incluso más tarde, continuaban saliendo a la luz escándalos sobre los dineros que el rey debía a otros monarcas por el pago de comisiones a intermediarios para conseguir aquellas transacciones (compra de petróleo) en condiciones muy ventajosas para España. Aparte de las comisiones por el petróleo, que muchos justifican como perfectamente razonables e incluso legales, no se sabe si el rey Juan Carlos tiene otros negocios en el sector, aunque hay indicios de que sí. Como amigo de los países árabes, ha actuado en calidad de mediador político para ayudar a resolver los problemas del Oriente Medio. Y también sirvió de mediador en otros conflictos particulares, por los que estuvo mucho más interesado de lo que se podría esperar.

Podríamos citar como ejemplo el caso del Itzarra. El petrolero Itzarra (con tripulación española, aunque con bandera de conveniencia panameña) fue detenido por las autoridades nigerianas el 19 de junio de 1984, cuando pretendía llegar a las aguas internacionales, tras cargar ilegalmente en Nigeria una partida de gasoil. Las autoridades retuvieron dos meses a toda la tripulación, pero después se contentaron con procesar y condenar a muerte al capitán Luis Peciña, por contrabando de gasoil. La detención se produjo en un contexto en que el contrabando de crudo estaba costando al país africano más de 500 millones al día, a la vez que producía una escasez acuciante en el mercado interior de los productos derivados, a pesar de ser uno de los máximos productores del mundo. Los contrabandistas compraban gasoil subvencionado para la pesca en Nigeria a mitad de precio, y lo llevaban a Canarias, donde se llegaban a mover más de 30.000 toneladas anuales. Al parecer, los armadores griegos habían sido los primeros en introducirse en este peculiar negocio, con la compañía naviera Lavinia.

Pero tras el golpe de Estado de diciembre de 1983, el nuevo Gobierno militar presidido por Muhammad Buhari había centrado sus esfuerzos en poner fin a la corrupción, para lo cual detuvo y procesó, en sólo 6 meses, a 474 altos cargos del Régimen civil derribado. Y en su lucha contra los barcos extranjeros que participaban en el negocio, había caído el Itzarra. Las autoridades nigerianas acusaron inmediatamente al armador y gerente José María López Tapia como verdadero responsable del delito, para que diera cuentas ante la justicia nigeriana. Pero López Tapia nunca mostró ningún interés por acudir a Nigeria. Ni siquiera interrumpió sus vacaciones en Bermeo. Ni tampoco su hermano y socio, Gregorio, que curiosamente navegaba por aguas mallorquinas en yate. López Tapia ya había estado implicado en marzo de 1980 en la quiebra de la naviera Letasa y sobre él pesaban diversas denuncias judiciales por presuntos delitos monetarios (evasión de divisas, estafa de fondos públicos...). Antes del golpe de Estado del 30 de diciembre de 1983, él y su hermano tenían, a través de unos intermediarios, negocios en la construcción y en el sector de hidrocarburos de Nigeria. Y desde entonces se encargaban de transportar crudo a Canarias con una flota de tres petroleros, uno de los cuales ya había sido detenido poco tiempo antes en Nigeria. Ante el conflicto, el Estado español no hizo nada para facilitar el traslado del más que dudoso López Tapia a Nigeria. Y tampoco mostró el menor asomo de solidaridad con los procesos anticorrupción que habían emprendido en el país. Bien al contrario, el Gobierno se dedicó a hacer declaraciones sobre la falta de garantías jurídicas, en las que exigía que se pusiera en libertad a Peciña de manera inmediata. Las gestiones, y aquí entramos en la zona oscura del asunto, llegaron al nivel más alto. Las hijas y la mujer de Peciña fueron a pedir ayuda al rey Juan Carlos, y las debió encontrar muy conmovedoras, porque el monarca a partir de aquel momento mostró un interés inusitado por el que cobraba más de medio millón de pesetas por día de trabajo, para que llevara la defensa de Peciña, que se centró en las buenas relaciones entre España y Nigeria. La mayoría de los países occidentales que en aquel momento tenían ciudadanos en prisiones nigerianas (por diferentes delitos, desde el contrabando hasta el tráfico de cocaína) quedaron perplejos ante la actitud del Estado español, que consiguió que al detenido que estaba en el centro penitenciario de Puerto Harcourt le enviaran cada día la comida desde el mismo hotel en que se alojaba su mujer, a cuenta de la Embajada, durante los dos años que duró el proceso. Además, en la prisión había varios presos comunes que trabajaban para Peciña como asistentes. Cuando se publicó la sentencia de pena de muerte, en diciembre de 1984, el rey de España envió una carta al presidente nigeriano en la que solicitaba el indulto y la inmediata libertad del capitán del Itzarra, pero no se sabe en qué argumentos se basaba para solicitar una gracia de aquella clase. La carta la llevó personalmente un emisario del monarca, nada menos que Manuel Díez Alegría, que había sido jefe del Alto Estado Mayor del Ejército, miembro del Consejo del Reino y senador real en la legislatura constituyente, además de haber colaborado con Juan Carlos, cuando todavía era príncipe, mano a mano con Manuel Prado, en aquella rocambolesca operación rumana para contactar con Santiago Carrillo en 1974. El 17 de diciembre de 1984, Diez Alegría, vestido impecablemente con el uniforme de teniente general del Ejército español, renqueante y cojeando levemente a sus 78 años, se reunió durante diez minutos con el presidente nigeriano Buhari. Le entregó la carta del rey y también hablaron de una próxima visita oficial del monarca al país, que se había aplazado sine die a raíz del golpe de Estado. Salió satisfecho del encuentro; y afirmó que la carta del rey había tenido "un impacto claro". Pero no consiguieron todo lo que querían: sólo la conmutación de la pena de muerte por una condena de 25 años de prisión. No era suficiente, y las instituciones españolas continuaron haciendo gestiones. Al fin, cuando el general Buhafi fue derribado, en agosto de 1985, por otro golpe de Estado, esta vez dirigido por el general Babangida, se acabó la campaña anticorrupción. El nuevo presidente nigeriano decidió personalmente anular la sentencia de Peciña, que fue puesto en libertad el 19 de julio de 1986. El Estado español se había gastado 70 millones reconocidos para defenderlo, más los gastos de su familia. En la prisión, curiosamente, Peciña había engordado unos cuantos kilos. No se sabe qué deben opinar de todo esto los familiares de otros presos españoles en prisiones extranjeras, pero el asunto, a simple vista, suena bastante extraño y no es difícil imaginar por qué varias personas llegaron a la conclusión de que el monarca tenía algo que ver con los negocios de los López Tapia. Tres años después, en 1991, el armador López Tapia reclamaba al país africano 45 millones de dólares, a través de un proceso admitido a trámite por la Audiencia Nacional, por piratería contra el Gobierno que había encabezado Buhari, por haberse quedado con el Itzarra ilegalmente.

 

TRÁFICO DE ARMAS

 

Otro de los sectores con los que se han relacionado "amigos íntimos" del rey es el tráfico de armas. En la década de los setenta Manuel Prado ya estaba al frente de la sociedad Alkantara Iberian Export, una mercantil mixta impulsada por los gobiernos de España y de Arabia Saudí para canalizar, en principio, la venta de bienes de equipo a Riad. En la empresa participaron Focoex y el INI, por parte española, y Triad International (la sociedad de Adhnan Kashogui) por parte saudí, en la que, además, trabajaba Borja Prado, el hijo del mejor amigo del rey. Alkantara más tarde se reconvirtió para canalizar la venta de armamento.

En la época del PSOE, la intendencia del Ejército pasó a ser controlada por las autoridades civiles del Ministerio de Defensa. Desde aquel momento, la compra de armamento y las dotaciones se dictaron con intereses gubernamentales, que a veces no entendía ni el mismo Ejército. Una de las empresas que hizo buenos negocios en esta etapa fue Simulación, Mando y Control SA, que tenía por objeto elaborar programas informáticos aplicables a aviones de combate y barcos de guerra. Compartían capital Mario Conde y Borja Prado Eulate (hijo de Manuel Prado), a través de BTA Internacional (que se dedica a vender tecnología para la defensa, es decir, armamento); y era consejero Juan Alfonso Cardenal Pombo (hermano de Jaime, el socio de Miguel Arias en el restaurante Las Cuatro Estaciones, íntimo amigo del rey).

 

ESPECULACIÓN FINANCIERA

 

Es difícil clasificar otras actividades económicas de los "amigos" del rey, que para la gente común se fundamentarían básicamente en "manejar millones': operaciones de bolsa, gestión de créditos, fondos de inversión especulativa…, para las cuales hace falta disponer de un capital, o mejor dicho, que no son aptas para pobres. Juan Carlos, en principio, no tenía dinero para jugar a este juego tan divertido. Pero tan pronto ocupó el trono después de que muriera el dictador, Manuel Prado se dedicó a remitir una serie de misivas reales a otros tantos monarcas reinantes, especialmente del mundo árabe, para pedirles dinero en nombre del rey de España. Y después el mismo Prado invertía, especulaba, gestionaba aquellos fondos de la manera más conveniente. En concreto, de la corte de Arabia Saudí (en aquel momento se trataba del rey Halid, y Fahd era el primer ministro) recibieron la nada despreciable cantidad de 100 millones de dólares (unos 10.000 millones de pesetas), como crédito a devolver en diez años sin intereses (no podían ser usureros entre hermanos), en respuesta a una carta, fechada el 22 de junio de 1977, en la que sólo se solicitaban 10 millones para apoyar al partido de Adolfo Suárez en las elecciones municipales y, de este modo, proteger a la monarquía. Manuel Prado, encargado de administrar los dineros del rey, invirtió la suma como mejor le pareció. Y al cabo de unos años, la Casa Real dijo que no tenía dinero para pagar el crédito. Pero los saudíes, en contra de lo que Prado habría podido pensar, estaban decididos a recuperarlo, y de la tarea de reclamar la devolución se encargó un hermano del rey Fahd, que tenía una espléndida mansión en la Costa del Sol.

En Mallorca se cuentan divertidas anécdotas de esta época. Al parecer, una vez que el príncipe saudí fue a comer con el rey a Palma, quienes le habían ido a recibir, Prado y Tchokotua, se equivocaron de aeropuerto. En su lugar recibieron a los duques de York en el aeropuerto militar, mientras en el aeropuerto civil, al ver que no le había ido a recibir nadie, el hermano del rey Fahd volvió a Marbella muy enfadado. Cuando se enteró, el rey tuvo uno de sus fantásticos ataques de ira, rompió sillas y muebles del Patrimonio Nacional en Marivent, pero consiguió arreglar el asunto pidiendo disculpas al príncipe y, al final, le dieron cinco años más para devolver el dinero. Como cuando venció el plazo, en 1996, Prado insistía en el hecho de que no había dinero, Conde le facilitó un crédito de 3.500 millones, los cuales se justificaron oficialmente como si se hubieran destinado a solucionar los problemas de la ruinosa urbanización de Castillo de los Gracianos. No se sabe si al final Prado pagó o no pagó, o si el tema todavía está pendiente. Por Palma de Mallorca, durante bastante tiempo, corrió de boca en boca una frase chistosa sólo para iniciados: "¡Que viene el moro cabreado y quiere cobrar!"

Tampoco se sabe dónde pudieron ir a parar los 100 millones de dólares gestionados por Prado. Fue una época en la que los negocios especulativos eran la monda, la edad dorada del "clan de la 'beautiful'", cuando los más listos del PSOE pusieron las bases de la cultura del pelotazo, con Miguel Boyer como ministro de Economía y Hacienda y Mariano Rubio como gobernador del Banco de España. Y en aquella época, en las que denominaban "cenas de amor", el rey solía acudir como invitado de lujo. Alrededor del monarca se sentaban Antonio Garrigues Walker, Claudio Boada, Plácido Arango, José Antonio Ruiz de Alda, Mariano Rubio, José María Entrecanales, Manolo de la Concha, José Maria Echevarría, Carlos Bustelo, Rafael Pino, Carlos Solchaga, Juan Tomás de Salas y unos cuantos más. Como se debe recordar, durante el escándalo de la trama Ibercorp acabó saliendo a la luz una lista trucada de beneficiarios por la venta de acciones de Sistemas Financieros, en la que figuraban muchos de los asistentes a aquellas cenas, como Mariano Rubio, Miguel Boyer y Leopoldo Calvo Sotelo, entre otros. Y, también, la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey, y un tal "Arias y Rey", que resultó que era Miguel Arias Molino, el dueño del restaurante Las Cuatro Estaciones. Nunca se encontraron pruebas de que el rey, personalmente, tuviera más implicaciones en la trama de Manuel de la Concha.

 

NEGOCIOS INMOBILIARIOS

 

Para acabar, es preciso destacar un sector de la actividad económica en el que ya habían dado los primeros pasos Alfonso XIII y Don Juan, el conde de Barcelona, aprovechando los regalos que les hacían los súbditos: el sector inmobiliario. El rey tenía buenos contactos en el mundillo de la construcción, desde los tiempos de Camilo Mira y su urbanización de Las Lomas. Otro buen amigo suyo era Joaquín Vázquez Alonso, el constructor que remodeló en su día el palacio de La Zarzuela, emprendió a su vez varias obras en el de La Moncloa, y también se encargó de construir la finca Los Carrizos de Mario Conde. Joaquín Vázquez era, además, socio de Borja Prado Eulate (hijo de Prado) y Jaime Cardenal Pombo (el copropietario, con Miguel Arias, de Las Cuatro Estaciones) en Spengler SA. Esta pequeña inmobiliaria consiguió que le adjudicaran por las buenas la remodelación de todas las fachadas de las sucursales de (un negocio de 1.058 millones), en los mejores tiempos de la amistad entre Mario Conde y el rey. Luis Roldán también le adjudicó la construcción de dos cuarteles de la Guardia Civil.

En la década de los noventa, el Ayuntamiento de Monachil (Granada), por un acuerdo en pleno, reservó para la estación de esquí de Sierra Nevada una parcela de la empresa pública Promonevada, de 1.113 metros cuadrados, con el fin de construir una residencia para don Juan Carlos. Como tantos otros municipios que antes habían probado suerte con Alfonso XIII, querían que la presencia del monarca sirviera para atraer el turismo. El rey no se negó y aceptó agradecido el obsequio por escrito. Pero en una extraña operación, Promonevada acabó vendiendo la parcela a la sociedad Pequeños Hoteles de Montaña por una cantidad ridícula, 60 millones, y en lugar de la residencia real se construyó el Hotel Lodge. La operación fue avalada por la sociedad Daude, de Miguel Arias Molino. Pequeños Hoteles de Montaña, creada con este fin en 1992, era propiedad de Vázquez Alonso y Cardenal Pombo. Miguel Arias Molino también tenía unas cuantas acciones.

Otro de los negocios inmobiliarios relacionados con el rey fue el de Castillo de los Gracianos, un proyecto urbanístico faraónico en Jerez de la Frontera ideado por Manuel Prado, para aprovechar el que sería el boom en el sur de la Expo 92. Prado compró la finca a través de su empresa Trebolquivir a la familia Calle Vergara, y el alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, le dio todas las facilidades. A comienzos de 1990 se hizo socio Javier de la Rosa, con quien firmó un acuerdo a través de Prima Inmobiliaria. En las 200 hectáreas de terreno, Prado quería construir chalés, un hotel y hasta un campo de golf de 28 agujeros, en una zona castigada por la sequía. El desastre se veía venir y, en efecto, el negocio acabó resultando ruinoso. Tras la guerra del Golfo, en 1992, las deudas de Prima Inmobiliaria (que formaba parte del imperio de KIO) eran de más de 45.000 millones. Aquí empezaron los problemas entre Prado y De la Rosa, que acabaron como el rosario de la aurora con el contencioso del grupo KIO. Conde acabó facilitándole un crédito de 3.500 millones para solucionar los problemas de Castillo de los Gracianos, que no solucionaron nada, puesto que, al parecer, los millones fueron a parar a otro sitio. Al final, ante la ruina del proyecto, la propiedad acabó en manos de Banesto, que vendió el complejo a la sociedad belga que la explota actualmente.


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