Desde que las tropas nacionales se han acercado, los responsables de la defensa de Madrid están inquietos por la suerte de los derechistas encarcelados en la capital, especialmente de la de los tres mil oficiales del ejército desleales a la República que, de ser liberados, reforzarían considerablemente el ejército nacional.
Los comunistas sugieren la conveniencia de eliminarlos, máxime cuando algunas cárceles de Madrid quedan tan cerca del frente que los nacionales podrían tomarlas en un golpe de mano. El 18 de julio los milicianos habían asaltado las sedes de la Unión Militar Española y de los partidos políticos de derechas y requisaron los ficheros de afiliados (excepto el de los falangistas, a los que dio tiempo a quemar sus archivos).
En una reunión de urgencia, los comunistas y los anarquistas acuerdan clasificar a los presos en tres categorías: a los «fascistas y elementos peligrosos» se aplicará «ejecución inmediata. Cubriendo la responsabilidad»; los presos con responsabilidades se acomodarán en la cárcel de Chinchilla «con todas las garantías»; el resto, se liberará inmediatamente.
«Las organizaciones que han llegado al compromiso están dirigidas por Santiago Carrillo y Amor Nuño. Los dos tienen veinte años. El acuerdo costará la vida a cientos de personas.» [50]
En el vacío de poder que media entre la marcha del gobierno y la
constitución de la Junta de Defensa, la orden de ejecución de los presos emana del Departamento de Orden Público, de la Dirección General de Seguridad, dominado por comunistas. Algunos apuntan a un tal Miguel Martínez, líder del Quinto Regimiento, como principal responsable. Quizá sea un seudónimo de un agente de la Komintern o del propio Mijaíl Koltsov, agente del Kremlin, que a veces se presenta como periodista.
En la cárcel Modelo, los milicianos seleccionan a quinientos presos, en su mayoría militares, políticos o religiosos, los meten en autobuses urbanos de Madrid, de dos pisos, escoltados por agentes de Vigilancia de Retaguardia, los conducen al cementerio de Paracuellos del Jarama, a unos treinta kilómetros, por la carretera de Barcelona, y los fusilan al borde de grandes fosas comunes. En total se producen unas dos mil cuatrocientas ejecuciones sumarias [51] .
¿Tuvo Santiago Carrillo alguna responsabilidad en las «sacas» y asesinatos de Paracuellos? Aquí se dividen las opiniones. Algunos lo acusan de ser responsable directo; otros, lo eximen. Él, en sus Memorias, asegura que no se enteró, a pesar de que gran parte de las matanzas ocurrieron mientras era el máximo responsable de la política penitenciaria como consejero de Orden Público. En cualquier caso, Carrillo disolvería los centros de detención irregular, las checas, regentados por las milicias.
Después de todo es posible que Carrillo ignore las matanzas de presos que se están cometiendo, desbordado como está de trabajo, con el enemigo a las puertas, y la tremenda responsabilidad que la defensa de Madrid descarga sobre sus jóvenes hombros.
Las «sacas» terminan el 11 de noviembre, cuando el nuevo inspector de prisiones, el anarquista Melchor Rodríguez, prohíbe terminantemente trasladar presos sin su permiso. Los presos lo llamarán el Ángel Rojo. Melchor es un sevillano de cuarenta y tres años que ha sido calderero y torero sin suerte (una cornada lo apartó de los ruedos).
[50] Op. cit., p. 227.
[51] Algunos autores intentan involucrar a Santiago Carrillo en aquellos asesinatos. Es posible que no se enterara de ellos a pesar de su cargo de responsable de Orden Público en Madrid. Don Santiago mantendría su característico despiste toda su vida. En años venideros será amigo y frecuente invitado de Ceaucescu, el sangriento dictador rumano, y compatibilizará la amistad de tan siniestro personaje con su lucha por liberar al pueblo español de la dictadura franquista.
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