La revolución de París (1830) acabó con la Alianza Europea. Francia e Inglaterra negociaron sus áreas de influencia. Inglaterra se reservó Portugal, y compartió con Francia la hegemonía sobre España. Muerto Fernando VII en septiembre de 1833, los absolutistas favorables a Carlos buscaron apoyo ruso y germánico. Los partidarios de Isabel pidieron la intervención de Francia e Inglaterra que se pusieron de acuerdo en integrar a España y Portugal en la Cuádruple Alianza (abril de 1834). La guerra civil dinástica duró siete años. El resto del XIX, el mercado español dependería del anglofrancés en los dos tercios de sus exportaciones, la mayoría de las importaciones y el financiamiento de la deuda interna y externa".
Después de Castlereagh y Canning, el ministerio inglés de Palmerston justificó su intervención en España en nombre "de la justicia y el derecho". Para Palmerston, la no intervención sólo era aplicable sobre pueblos fuera de la influencia británica. En lo concerniente a
los pueblos ibéricos, la "no intervención" británica significaba la interferencia directa de Londres, incluida la armada. La hispanización de la intervención franco-británica fue convenida en el Tratado de la Cuádruple Alianza: las reinas de España y Portugal se auxiliarían mutuamente para expulsar a sus respectivos rivales (don Miguel en Portugal, don Carlos en España). Describían el plan como un "poderoso contrapeso a la Santa Alianza del Este", destinado a mejorar las instituciones de los Estados Ibéricos y ayudarles a adquirir los "inestimables privilegios del gobierno representativo", concepto que más adelante se aplicaría en el Nuevo Mundo. En nombre del valor universal de los gobiernos constitucionales, y del deber de desarrollarlos, intervendría EEUU: en 1914 en México, en 1915 en la República Dominicana y en 1915 en Haití.
La doctrina británica de los "equilibrios estratégicos" (entre su masa "occidental" y la "oriental") siguió aplicada durante el siglo XIX. La sumisión de España a dicha doctrina fue norma en los siglos XIX y XX salvadas raras excepciones -cual sería la de Narváez, que ordenó en abril de 1848 la expulsión del embajador Inglés Henry Bulwer porque ofendía "la dignidad de una nación libre e independiente". La integración de España en la Alianza sirvió para subyugarla más. El 13 de septiembre de 1935, el embajador británico Villiers dijo al conde de Toreno que su gobierno debía dimitir, preocupado Villiers por las manifestaciones "de los constitucionalistas". Aquella misma tarde, la Reina Regente prometió que encargaría a Juan Álvarez Mendizábal formar un nuevo Ministerio. El propio Villiers fue encargado de convencer a las "Juntas revolucionarias" de Barcelona y Cádiz para que se disolvieran y reconocieran al gobierno de Mendizábal.
Francia, para no ser menos, prometía su apoyo a la Reina si pedía la renuncia a Mendizábal y lo reemplazaba al gobierno de España por el patrocinado de Francia, Francisco Javier Istúriz. Hecho así el 13 de mayo de 1836, Villiers informaba después a su gobierno: "cuando él (Villiers) había aconsejado a la Reina Regente (...) ella había respondido que era ya demasiado tarde para mudar su decisión, pues había empeñado su palabra con M. de Rayneval (embajador francés)".
Entre 1834 y 1847 el gobierno español vio "la manera más fácil y
rápida de resolver sus problemas internos". Pidió a los aliados en cinco ocasiones que intervinieran para pacificar a vascos rebeldes, ...En agosto de 1835 intervinieron en el País Vasco la Légion Etrangère francesa y "voluntarios" ingleses e irlandeses, pero no satisfacción del gobierno español que consideró la negativa del envío de 10 000 soldados al sur de los Pirineos como un incumplimiento del tratado de la Cuádruple Alianza. En 1837 el gabinete Istúriz pidió la intervención francesa -declinada por París- para acabar con "republicanos" y "anarquistas".
Siglo y medio después, en 1988, Felipe González, Presidente del gobierno español, declararía: "lo único que ha conseguido disminuir realmente las acciones de ETA ha sido el trabajo de las fuerzas de seguridad y la cooperación francesa". Más de un centenar de vascos refugiados en Francia fueron entregados. Docenas de personas eran asesinadas en el País Vasco francés por servicios parapoliciales financiados con fondos reservados al gobierno español, por los autodenominados GAL. Joan Raventós i Carner, vinculado en 1980-81 a la "operación general Armada", ocuparía la embajada en París entre 1983 y 1985. Después, en abril de 1995, la Audiencia Nacional procesaría a altos cargos del equipo de Felipe por organizar "la banda armada GAL" y cometer 56 delitos.
Con Mendizábal, la Potencia imperial pretendía el control de los mercados españoles. Villiers informó a Palmerston el 28 de noviembre de 1835 que "había vuelto a hablar (...) sobre la necesidad de fondos para llevar a delante la guerra (contra los rebeldes vascos y catalanes); entonces Mendizábal propuso hacer un tratado conmigo que satisfaría los intereses comerciales que yo estaba defendiendo". España se endeudaría por un millón y medio de libras para necesidades bélicas a cambio de "admitir algunas principales manufacturas de Inglaterra a un impuesto reducido. Villiers redactaría el tratado comercial entre España y Gran Bretaña. En aquél, figuraría la garantía británica al pago de los intereses del empréstito con una reducción de impuestos en las aduanas al importar productos ingleses. Salvó la situación la intervención airada de Francia, que obligó a Palmerston a no ratificar el tratado, ante la amenaza francesa de prolongar sin límites de tiempo "la guerra civil en España".
Mientras, entre 1853-55, Pierre Soulé, embajador de EEUU, ensayaba una operación probada en las repúblicas hispanoamericanas: simpatizar con las revueltas en Barcelona, Madrid, Zaragoza y otras ciudades españolas, e invocar la solidaridad de ideas para debilitar más al Estado español y lograr que éste cediera Cuba a EEUU. Soulé explicaba así a su gobierno los contactos con generales españoles: "ellos someten a nuestra consideración que les ayudemos con trescientos mil dólares. Con esta ayuda no me cabe duda que ellos lograrán el control del Gobierno y harán por nosotros lo que no está en nuestras manos hacer, pacíficamente al menos". El embajador de Londres informaba que el de EEUU había ofrecido al monarca español la misma suma, 300 000 dólares, para que nombrara un Gabinete favorable a la venta de Cuba a EEUU".
En resumen, queda claro que tras la independencia de la América continental la rivalidad dentro de la Alianza Europea durante los años veinte, la pugna entre las Potencias de "Occidente" y "oriente" en los años treinta sobre las personas a poner al frente de España, de su política interna y comercial, se continuaba dilucidando por la vía de tener enzarzados a los españoles en guerras civiles, con los "isabelinos" promocionados por los occidentales y los "carlistas" por los orientales. Francia, hacía valer su derecho a colocar en el trono de Madrid a un príncipe francés. Los germanos, aunque frustradas sus expectativas en las guerras de 1702-1714 y de 1835-1840, no renunciaban a designar al jefe del Estado español. Gran Bretaña se reservaba el derecho a intervenir si veía afectado sus intereses por acontecimientos internos de otros Estados.
Inglaterra, como en 1702-1714, fue árbitro durante el siglo XIX -y hasta 1939-, de la rivalidad entre franceses y germanos por el control sobre el jefe político-militar del Estado español. Y garante de mantener divididos a los pueblos de la Península Ibérica. Cuando en 1854 los gobiernos se plantearon acordar la unión de ambos Estados, vetó toda posibilidad. En 1846 mediatizó quién debía ser el marido de la infanta doña Luisa, hermana del monarca español y por tanto de la línea de sucesión.
El gobierno de Londres decidió que el rey consorte de España no fuera germano ni francés. Sorprendió su conclusión de que fuera un español, el infante don Enrique. Francia opuso su veto: le consideraba demasiado progresista y poco sumiso. Y don Enrique quedó excluido. La política inglesa siguió el mismo patrón hacía las repúblicas hispanoamericanas. Vigiló el expansionismo del Poder rival tanto en Europa como en América. Su desvelo se centró particularmente en México: "El Gobierno de Su Majestad no puede nunca ver con indiferencia que toda la costa al Norte del Golfo de México (...) caiga en manos de los (norte) americanos, que adquirirían así los medios para, en caso de ruptura con Inglaterra, destruir todo nuestro comercio con el Golfo".
La política exterior española durante la mayor parte del siglo XIX fue una combinación de insomnio imperial y de satelización material. Después de que en septiembre de 1896 fuera derrocada Isabel II, el Ejército, los liberales y progresistas elaboraron según los postulados parlamentaristas la Constitución de 1896. Llegada la hora de designar al Jefe político y militar del Estado, miraron hacia las Potencias más que a la propia sociedad. Para atajar las presiones republicanas, el almirante Topete y la fracción conservadora propusieron nombrar Rey al duque de Montpensier -francés, cuñado de Isabel II, hijo del destronado Luis Felipe de Orleans y pretendiente al Trono de Francia. Vetado por Napoleón III -no quería un rey de los Orleans ni tampoco una forma republicana de gobierno- el gobierno de España ofreció la jefatura a un príncipe prusiano Hohenzollern, que fue también vetado por Francia con la exigencia de nombrar Rey a Alfonso de Borbón -hijo de la derrocada Isabel II. El gobierno español recurrió al de Italia recién nacida como Estado para que mediara entre las Potencias evitando que fueran los representantes republicanos de la Nación quienes eligieran al Jefe del Estado, a lo que se oponía Prim: "cuando llegue el Rey todo se arreglará. Encerraremos a los malvados que sueñan con planes liberticidas y que confunden el progreso con el desorden, y la libertad con el libertinaje".
En 1868 los 37 diputados republicanos de los distritos de la anti-
gua Corona de Aragón habían propuesto a las Cortes Constituyentes que "los Estados Unidos de Europa, que son el ideal de nuestro siglo, pueden y deben comenzar en España". Entre los firmantes se hallaban Pi y Margall y Emilio Castelar, ambos elegidos presidentes de la República que se proclamaría en 1873.
Prim y sus aliados progresistas-demócratas llevaron a nombrar
Rey de España a un príncipe del Estado mediador, un Saboya, a pesar de la fuerte oposición de republicanos, radicales, internacionalistas, carlistas vascos y catalanes. La disputa entre germanos y franceses en 1870 por la Jefatura del Estado español fue tan seria que derivó en pretexto para entrar ambos en guerra, al igual que ciento setenta años antes. Pero ahora con la diferencia de que Inglaterra se abstuvo al no considerar afectados sus intereses.
En febrero de 1873 abdicó Amadeo Saboya y retornó a su patria. El Senado y el Congreso españoles proclaman la República, que sólo fue reconocida por EEUU y Suiza. El 5 de Septiembre de 1873, Nicolás Salmerón dimitía ante las Cortes Constituyentes: "vivimos en un completo aislamiento; nos estiman casi todas las Naciones de Europa como un verdadero peligro (...) no puede haber otra política aceptable a las Naciones europeas, más que la representada por los hombres de la derecha". Pocos meses después, un golpe militar proclamaba rey a Alfonso de Borbón, que había patrocinado Francia.
Cabe señalar que la burguesía española ha sido tan colonialista como la de las Potencias, aunque en situación subordinada. Andrés Borrego lo había resumido: "La conservación de las colonias es una de las preciosas condiciones del mantenimiento del escaso poder que nos ha quedado (...) hemos perdido el continente americano (...) aún nos quedan las Antillas y en Asia dos imperios poderosos. La última de las calamidades, y esta sería irreparable, fuera perder Cuba y Filipinas, por las mismas causas que perdimos a México, a Costa Firme, al Perú y a Buenos Aires.
La visión de los demócratas republicanos contrastaba con la de los autocalificados liberales, si bien reconocían derechos iguales a los súbditos de ambos hemisferios, no por ello eran menos imperialistas. A la propuesta de Prim de otorgar la autonomía a Cuba (también pensó venderla a EEUU) ningún partido de su coalición quiso oír hablar de autonomía. Ha sido una constante histórica la incapacidad de las clases dominantes españolas de asumir pacíficamente las reivindicaciones democráticas de los pueblos. Alternativamente, el sueño imperial apuntaba hacia África. O`Donell lanzó su campaña para desviar la atención de la oposición a la política de su Gabinete de Unión Liberal. Dos décadas después, Sagasta ambicionaba participar en el reparto europeo de África. Pero en la Conferencia de Berlín (1884-1885) las Potencias dieron tal portazo a las pretensiones sobre África del embajador español que éste, avergonzado, se suicidó.
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