«Es juzgada con excesiva diligencia la responsabilidad de los legisladores por los males que puedan causar. En la mayor parte de los casos, lejos de creer que merecen castigo por los desastres que acarrean con leyes inspiradas tan sólo en su ignorancia, casi no les creemos dignos de censura.
Se admite que la experiencia común habría debido enseñar al alumno de farmacia, poco instruido, a no dar un medicamento; pero no se admite que la misma experiencia debería enseñar al legislador a no intervenir en aquello que no entiende. […] Por el contrario, se reputa como un mérito en él.
[…] No obstante, los males producidos por los legisladores ignorantes, muy superiores en número a los causados por los curanderos atrevidos, son visibles para cualquiera que eche una mirada a la historia» [19] .
Es más, los políticos no asumen su culpa siquiera cuando tienen procesos judiciales en marcha. A finales de 2012 el alcalde de una gran ciudad fue acusado de cobrar comisiones urbanísticas ilegales entre otros delitos. En su primera comparecencia solo dijo que ¡era un ataque contra la ciudad! Si el alto directivo de una empresa privada es acusado por la justicia pocas veces veremos que tenga la desfachatez de aseverar que en realidad es un complot contra la firma que preside. Simplemente aceptará la culpa y callará.
Un cargo público lo ha de ostentar una persona con vocación. Es como el oficio de clérigo. Nadie se hace misionario o párroco de un pueblecito para enriquecerse, sino para ayudar. De hecho, la figura del político profesional tiene poco tiempo. El segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, era pobre. Su mujer incluso le animaba a dejar la presidencia porque no tenían casi ni para comer. De hecho, nos esperaríamos que un buen político, tras dejar su cargo, hiciera obras por la comunidad debido a su «vocación de servir» y viviera del sueldo anterior, escribir libros humanistas, o realizar conferencias humanitarias. La historia no nos lo confirma. No hacen nada y cobran mucho. ¿Sabe dónde están algunos de los ex ministros/as de nuestro país? [20]
Leire Pajín (exministra de Sanidad): Actualmente trabaja para la Organización Panoamericana de Salud. A esta organización la ayudó Zapatero con 60 millones de euros. Tendrá un sueldo de unos 150.000 euros anuales, a lo que hay que sumar 4.899 euros al mes hasta Diciembre de 2013 por haber sido ministra.
Bibiana Aído (exministra de Igualdad): Trabaja en la ONU (una de las organizaciones más inútiles y caras del mundo) cobrando 12.500 euros mensuales. Zapatero destinó más de 225 millones de euros a esta organización. Como ex-ministra cobrará 4.899 euros al mes hasta diciembre de 2013.
José Montilla (expresidente de la Generalitat): recibe una pensión vitalicia de 98.000 euros anuales, a lo que tenemos que sumar 5.248 euros al mes por ser senador, y 2.679 euros al mes como miembro del grupo Entesa pel Progrés de Catalunya (Acuerdo para el Progreso de Cataluña), más el complemento como portavoz, 1.985 euros al mes.
Mariano Fernández Bermejo (exministro de Justicia). Cobra 8.600 euros al mes, más dietas de 1.824 euros mensuales. Su reingreso al servicio activo de la carrera fiscal se publicó en el BOE del 11 de octubre de 2011, con el Gobierno de Zapatero.
María Teresa Fernández de la Vega (exvicepresidenta primera del Gobierno). Recibe 73.486 euros anuales y por su calidad de consejera permanente del Consejo de Estado cobra 72.800 euros más. Fue nombrada asesora de ONU y cobra por ello 9.200 euros mensuales.
[19] El hombre contra el Estado. Herbert Spencer y con prólogo mío (Jorge
Valín) en la edición de Unión Editorial, 2012.
[20] Confidencial Hispanidad. Mariano Tomás. 07/01/2013.
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