Con el sufragio proporcional, extendido por Europa continental, los Parlamentos dejan de ser representativos de la sociedad civil y los electores. Los anteriores gobiernos liberales se convierten en gobiernos de partidos. Y, sometidos a la ley de hierro de las oligarquías del aparato dirigente, los partidos se lanzan a la conquista, pacífica o violenta, del Estado. Revoluciones, golpes de Estado, guerras civiles, Lenin, Mussolini, Primo, Pilsudzki, Salazar, Hitler, Franco. Las democracias constitucionales, que nunca habían existido como forma de gobierno, dejan de ser valoradas como forma de vida liberal. Y el antiguo debate entre liberalismo o socialismo se transforma en una dramática elección entre dos formas totales del Estado, fascismo o comunismo.
Y en plena actitud defensiva, la palabra y la noción de democracia se desvinculan de la teoría del Estado para poder identificarse con el constitucionalismo, como en la Teoría y realidad de la organización constitucional democrática (1937), de Carl J. Friedrich, quien, a pesar de su talento, da un sentido integrador a la expresión «democracia constitucional», con la intención de agrupar en un solo frente ideológico a las formas occidentales de gobierno con limitación efectiva de poderes, y no solamente a las que establecen entre ellos una verdadera separación en la propia Constitución, como en las de Estados Unidos y Suiza.
Esta estrategia intelectual americana, que contiene intuiciones políticas tan formidables como la del rechazo de la soberanía popular y la introducción, en su lugar, de la idea de «grupo constituyente» de la democracia, no fue bien comprendida en los círculos intelectuales y políticos europeos.
En plena guerra mundial, la necesidad de ofrecer una teoría común a los sistemas de gobierno de los países no socialistas, aliados contra el fascismo, produjo la teoría económica de la democracia de Schumpeter (1942) y la teoría moral de A. D. Lindsay, sobre El Estado democrático moderno (1943). De la primera, que aún tiene vigencia, nos ocuparemos más adelante. La segunda confunde la democracia con un ideal de vida comunitaria, para definirla por su aproximación al principio soberano del «espíritu de la vida común que preside la legislación y la administración».
Y, otra vez, los vencedores cometen el mismo error de Weimar, pero corregido y aumentado, al convertir a los partidos en elementos estatales y darles en la Constitución el oligopolio de la acción política. No por falta de advertencia y de conocimiento técnico en materia constitucional. En Francia, Léon Blum había hecho ya una revisión crítica del parlamentarismo, inclinándose por las formas representativas de la democracia en Suiza y Estados Unidos. Pero fue el general De Gaulle quien pudo establecer la democracia en 1946. Aquel momento debe ser recordado porque pocas veces se produce una ocasión tan propicia para la democracia. Un héroe nacional culto y de carácter, que desprecia la dictadura y la mezquindad de los hombres de partido, que ha sufrido el défaitisme del régimen parlamentario, y que sin embargo frustra la democracia.
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