La huida del rey dejaba un vacío de poder. El nuevo gobierno se impuso la tarea de modernizar España. Quería transformarla en una nación progresista y adelantada, como sus vecinas de Europa. Para conseguirlo urgía abolir los privilegios de la aristocracia y de los grandes terratenientes y limitar el poder del ejército y de la Iglesia. En primer lugar intentaron la reforma agraria, esencial en un país eminentemente agrícola: modificar la propiedad de la tierra para cultivarla racionalmente y atender a su función social empleando a cientos de miles de braceros analfabetos; en segundo lugar, la reforma de un ejército anquilosado y sobrado de mandos que había cosechado estrepitosos fracasos en la guerra de Marruecos; en tercer lugar, la reforma de la Iglesia, que monopolizaba la educación, acumulaba demasiado poder social y se inmiscuía en los asuntos del Estado. En cuarto lugar debían atender a las regiones históricas que reclamaban descentralización y autonomía.
El plan era bueno y los avances sociales de la República no se hicieron esperar: jornadas de ocho horas, la igualdad de la mujer, educación y sanidad para todos, laboreo de tierras improductivas… Estas medidas toparon con la oposición de los colectivos afectados: la Iglesia, el ejército, los partidos monárquicos y las clases privilegiadas. Además, la República tuvo que afrontar la crítica de los anarquistas y los comunistas, que la tildaban de burguesa y aspiraban a una revolución social más radical. Los comunistas eran pocos, pero los anarquistas eran muy numerosos (especialmente los del sindicato CNT y los de la combativa FAI). Unos y otros promovieron huelgas y desórdenes que debilitaron a la República.
En enero de 1936, los partidos de izquierda (excepto la anarquista CNT) se unen en una coalición electoral, el Frente Popular, con un programa bastante moderado. La derecha, por su parte, se agrupa en torno a la CEDA (excepto el pequeño partido Falange Española). Las elecciones se celebran el 16 de febrero. Gana el Frente Popular por escaso margen (4 654 116 votos frente a los 4 503 524 de las derechas). Sin embargo, una Ley Electoral que favorece a las mayorías otorga al Frente Popular 278 escaños del Parlamento y a las derechas sólo 130.
Manuel Azaña, nuevo presidente de la República, designa primer ministro a Casares Quiroga, un hombre demasiado débil que no estará a la altura de las
circunstancias.
Los acontecimientos se precipitan. La derecha, que tiene mal perder y desprecia la democracia —«un principio que consideraban la antítesis política del racionalismo» (Gil Robles)— comienza a conspirar contra el gobierno. Los sindicatos de izquierda tampoco ayudan mucho con su actitud revoltosa y malhumorada: quieren acelerar el proceso económico social con una revolución. La confrontación se radicaliza. Menudean los enfrentamientos armados con palos o con pistolas entre militantes jóvenes de uno u otro signo, especialmente en Madrid.
En el seno del PSOE, las posturas están divididas entre el moderado Prieto y el más radical Largo Caballero, que aunque en su día colaboró con la Dictadura de Primo de Rivera, ahora, quizá como expiación, se niega a cooperar con un gobierno que le parece excesivamente moderado.
Todo eso ocurre en España, mientras el Dragón Rapide sobrevuela una zona montañosa, cerros grises, pelados, entre los que a veces se divisa una aldea miserable de casas de adobe y el espejeo de un río que culebrea entre las peñas.
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