La misma Iglesia que consideró a «Don Bruno» un «cristiano ejemplar» sabía de sobra que vivía amancebado con la hija de un conocido picador. ¿Y qué decir del cura Hidalgo? Sus líos amorosos con una prostituta eran de dominio público. De ahí que se le catalogara de sinvergüenza y asesino. También hubo otros religiosos que se sumaron al terror, caso del canónigo José María Molina Moreno o los curas Mariano Ruiz Calero y Ángel Onieva Molina, capellán del cementerio. No se sabe el nombre, pero uno de los mencionados hasta ahora debió de ser el que una madrugada, después de dar la extremaunción a los que acababan de ser asesinados, se dirigió a un carabinero que formaba parte del pelotón y le dijo: «Hay que matarlos, porque si no, ellos lo harán con nosotros».
Los pueblos ofrecen más ejemplos. Los trabajos de Arcángel Bedmar sobre varios pueblos cordobeses constituyen fuente imprescindible. Lucena, por ejemplo, con el coadjutor Federico Romero Fustegueras, capellán de milicias, a las que acompañaba en sus razias con la pistola al cinto. Del mismo pueblo, el arcipreste Joaquín Garzón Carmona, que condecoró a Varela cuando estuvo de visita. El párroco Joaquín Jiménez Muriel, que colocaba un altavoz en la puerta de la iglesia para que todos pudiesen escuchar las charlas de Queipo. En Montilla destacan por su fascismo manifiesto el arcipreste Luis Fernández Casado, el coadjutor Miguel Ávalos, capellán de Falange, y el coadjutor Agustín Moreno, capellán de la Sección Femenina. Fue el primero de ellos, Fernández, el que, cuando fue la madre de Francisco Solano, preso en un Batallón de Trabajadores en Palma de Mallorca, para ver si se podía mejorar su situación, le dijo: «Déjalo, que purgue sus culpas». La excepción, que se comentará luego, la constituyó el canónigo de la catedral José Manuel Gallegos Rocaful, diputado en las Constituyentes de 1931 y profesor de Filosofía de la Universidad de Madrid.
Entre los curas que se negaron a devolver los favores recibidos está también el de Los Corrales (Sevilla), José Román, protegido tras el golpe por varios izquierdistas, entre ellos el alcalde Antonio Rueda Martín y el
presidente de las Juventudes Socialistas Bonifacio Espada. Luego, en 1937, cuando el alcalde fue detenido tras la caída de Málaga, su familia acudió a Román para que intercediera por él, pero se negó. El alcalde fue asesinado en Sevilla el 27 de junio de 1937 [75] .
Sobre esta manera de desentenderse de aquellos que habían actuado para protegerlos pueden ponerse más ejemplos. En Sevilla, en los primeros momentos después del golpe, un grupo de hombres entró en el domicilio del párroco de la O, Pedro Ramos Lagares, para registrar la casa en busca de armas. La situación podía dar lugar a cualquier violencia, pero el albañil José Hidalgo «El Sanlúcar» les dijo a sus compañeros: «¡A don Pedro no matarlo porque es un buen hombre!», y el párroco fue respetado. Unos meses después detuvieron al «Sanlúcar», que había ingresado en Falange tras la ocupación del barrio de Triana, y tuvo que pasar por un consejo de guerra en el que el cura, ignorando las súplicas de la madre de Hidalgo, declaró que no sabía si había dicho tal cosa en su favor. El resultado fue que lo condenaron a cadena perpetua, lo que en aquella situación cabía considerar una suerte; otros compañeros del grupo como Manuel Álvarez o José Gómez Morales, detenidos con anterioridad, ya habían sido asesinados [76] .
En ocasiones algunos párrocos facilitaron a familiares de detenidos certificados de buena conducta que aliviaran su situación, pero cuando esto se producía el cura era llamado a ratificarlo ante el juez militar, con lo que no era extraño que renegara del informe y se desentendiera del caso. El mismo Pedro Ramos Lagares, que realizó un informe a petición de la madre de Antonio Jiménez Berrocal, jugador del Sevilla que se encontraba detenido por la policía, declaró ante el juez que
al ser citado para comparecer ante este Juzgado en el día de hoy, ha pedido nuevos informes a gentes que pueden conocerlo y verdaderamente tiene que rectificar aquellos en el sentido de que los que le han facilitado no son nada favorables para dicho individuo [77] .
La fuente que le hizo cambiar de opinión fue Manuel Muñoz Carballido, coadjutor de la parroquia, quien a su vez se había informado por los monaguillos. El resultado de tan esmerada instrucción fue que Jiménez Berrocal fue condenado a muerte en octubre de 1938 e ingresó en la brigada donde recluían a los condenados a la máxima pena hasta que al cabo de un año se la conmutaron por la de 30 años.
De la misma forma que muchas veces se desentendieron de las peticiones de ayuda que les hicieron familiares de presos, cuando hubo ocasión no dudaron en ofrecer su apoyo a matones y asesinos cuando estos eran a su vez reconocidos católicos y ultraderechistas. Este sería el caso del cura de Castilblanco de los Arroyos, Antonio Torrado, que apoyó al falangista Jesús Escribano cuando fue procesado junto con su hermano Fernando por crímenes cometidos por ambos fuera del control del comandante militar. Más repugna aún el informe del cura Manuel Cumbreras avalando a los falangistas de Villanueva de San Juan que intervinieron a favor de Andrés Ruiz Raya, el jefe de milicias que en unión del igualmente falangista Andrés Díaz, de La Puebla de Cazalla, habían asesinado por su cuenta a Ana Lineros, que dio a luz en el momento de ser asesinada. Sobre semejante pandilla protectora de los criminales el cura dijo … son todos personas de buena conducta, adictos a la Causa Nacional y fervorosos amantes de las costumbres cristianas [78] .
[75] Velasco Haro, Manuel, Los Corrales, El Autor, El Saucejo, Sevilla, 2000, t. II, pp. 604 y 679.
[76] Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla (ATMTSS), sum. 10/1937, leg. 899-24708.
[77] Ibíd., sum. 3240/1938, leg. 33/792
[78] García Márquez, J. M., La represión militar en La Puebla de Cazalla, 1936-1943, Ateneo Cultural Morisco y Cajasol Obra Social, Sevilla, 2009, p. 101.
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