En 1978 Martín Villa, ministro de Interior con Adolfo Suárez, declaraba a la opinión pública: "el terrorismo está atacando duramente a las instituciones en este país, pero más que ETA y los GRAPO, me preocupa el crecimiento del Movimiento Anarquista, arraigado especialmente en Cataluña y el sur de Francia".
El 15-1-78 la sala de fiestas Scala, de Barcelona, ardía poco después de una multitudinaria manifestación convocada por la CNT en contra de los "pactos de la Moncloa". La CNT, que contaba con más de 300.000 afiliados era el único sindicato que había decidido enfrentarse y denunciar un acuerdo que suponía la aceptación de una política económica y social en detrimento de los intereses de los trabajadores. Los partidos políticos firmantes del pacto PSOE y PCE también lo hicieron en nombre de sus sindicatos, la UGT y CC.OO. Habían aceptado un acuerdo de Solidaridad Nacional y de olvido de las responsabilidades políticas del franquismo.
Cuatro trabajadores del Scala perecerían en el incendio, dos de ellos afiliados a la CNT. Inmediatamente los medios de comunicación se hacen eco de las detenciones de la policía, que inculpa de los hechos al sindicato anarcosindicalista. Fueron detenidos más de 150 libertarios de los que 8 ingresaron en Prisión.
El Scala era propiedad de los hermanos Riva y estos inmediatamente, tras el suceso, se pusieron en contacto con el Gobernador Civil de Barcelona, José María Belloch1 para solicitarle una declaración pública "sobre el carácter político social del atentado”, extremo este que firmaría y suscribiría la autoridad gubernativa.
Las investigaciones posteriores descubrirían que los hermanos Riva pasaban por apuros económicos. Estas daban como demostrado que Gambín fue el instigador del lanzamiento de varios cócteles molotov contra la puerta de la sala de fiestas, pero que estos no fueron los causantes del terrible incendio que se desató, más bien parecía que un artefacto incendiario había hecho el trabajo empezando el incendio en un punto bastante alejado de donde se tiraron los cócteles.
Las autoridades no consintieron que se realizaran investigaciones entre los restos, e inmediatamente los equipos de desescombro comenzaron las tareas de limpieza. El seguro indemnizó a los propietarios, los hermanos Riva, sin efectuar investigaciones, cuando lo normal es que las compañías de seguros no paguen cuando se trata de atentados terroristas.
Tras recibir las indemnizaciones de la compañía aseguradora, consiguieron otro crédito del Patronato del Fondo Nacional del Trabajo para indemnizar a los 209 trabajadores que fueron despedidos, además del dinero de una cuenta para la reconstrucción del Scala. Se tienen noticias de que también recibieron una substanciosa cantidad de los fondos reservados. Con todo ese dinero los hermanos Riva no reconstruyeron el Scala, sino que se trasladaron a Madrid montando un número musical: "El diluvio que viene"; y al poco tiempo construyeron en la capital de España el Scala Meliá Castilla.
Los únicos beneficiados por el atentado serían los servicios de seguridad y los hermanos Riva, porque a los 209 empleados les supuso la pérdida de sus puestos de trabajo y no digamos a los muertos ...
La CNT tras el montaje sufriría una perdida importantísima de afiliación, sobre todo en Cataluña.
Queda una pregunta fundamental que quedó en la mente de muchos afiliados y sindicatos: ¿porqué el Comité Nacional de la CNT no desarrolló las acciones legales oportunas contra el gobierno de UCD, tras quedar patente la actuación de agentes de los servicios de información en los hechos del Scala?. La responsabilidad en los hechos del Estado era
manifiesta.
El Comité Regional de Cataluña interpuso dos querellas, una contra la policía y otra contra TVE.
A las querellas no se las dio una continuidad legal y morirían en el olvido administrativo.2.
1 Padre del que fue super-ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch, en la última etapa del PSOE en el gobierno.
2 En el asunto de denuncias o querellas interpuestas por la CNT que no siguieron los cauces jurídicos normales, ya sea por su posterior retirada o por influencias externas, se encuentra una de la que todos los medios de comunicación del país se hicieron eco, El caso Prenafeta. El 19 marzo de 1990 la CNT de Cataluña interpuso una querella que fue admitida a trámite por el juzgado n° 26 de Barcelona contra el secretario general de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña Lluis Prenafeta, por realizar
actividades comerciales mientras ejercía su cargo público. Los negocios de Prenafeta implicaban a la familia Pujol-Ferrasola, que es la del presidente de la Generalitat catalana. La querella fue retirada por la CNT de Catalunya en 1994. En enero de 1995 quince sindicatos y federaciones locales de la CNT catalana, la mayoría de la CNT en Catalunya, eran desfederados por el comité regional que previamente había sido desautorizado por los sindicatos. Sobran los comentarios.
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