¿No cree que los políticos ya habrían curado al mundo si todo fuese cuestión de regulaciones para así conseguir más votos? Que no lo hayan hecho significa que es más difícil de lo que cree. Imagínese que usted es el presidente del país y promete erradicar la pobreza. Tendría que hacer un plan. Para empezar, saber quién es pobre dentro de su país. ¿Cómo hace algo así? Tendrá que gastarse dinero en algún tipo de censo de pobres, seguimiento y control. Eso significa más funcionarios, más burócratas, más papeleo y más impuestos. Bueno, lo podemos considerar un mal menor.
Si usted anuncia subvenciones y ayudas para los necesitados, rápidamente van a aumentar los pobres oficiales del país. Mucha gente se sacará un sobresueldo con tal ayuda. En el momento que nace una ley para defender una víctima del sistema y la injusticia, solo estamos aumentando el número de esas «víctimas». Todos los que puedan cometer fraude de ley para llevarse la ayuda, lo harán. Y no se les puede culpar, usted está incentivado ese tipo de comportamiento.
Cuando Grecia entró en fallida la prensa nos mostró un sinfín de personas que se aprovecharon de las ayudas del Gobierno para lucrarse. En la isla de Zakynthos [53] se declararon ciegas personas que eran taxistas, técnicos del Ayuntamiento e incluso un cazador de aves. Con eso se sacaban un sobresueldo de 360 euros al mes. En España ha ocurrido lo mismo:
Con la Ley de la Dependencia donde 30.000 fallecidos figuraban como beneficiarios [54] . Sus familias apuntaron a los difuntos para cobrar aunque eso era un fraude.
En los primeros seis meses de de 2012, el Gobierno detectó que 4.400 personas compatibilizaban el subsidio de paro con un trabajo.
Sanidad se dio cuenta un buen día que 200.000 trabajadores estaban comprando fármacos con tarjeta de pensionista para no pagar las medicinas [55] . Y la lista de ejemplos es interminable.
Para que los ejemplos descritos no ocurran tendrá que crear un comité o departamento que se dedique a fiscalizar a todas aquellas personas y organizaciones que reciben el dinero que usted repartirá. Más burocracia, más funcionarios, más control y más impuestos.
Algunos grupos de presión dirán que la ley es injusta al considerar pobre a personas con rentas demasiado bajas. ¿Qué es un pobre? ¿El que tiene unas rentas inferiores a 10.000 euros o el que gane hasta 20.000 euros? ¿Y qué ocurre con el que gana 20.050 euros? Al final tendrá que aumentar lo máximo posible la «franja de pobres”, para que no le critiquen en exceso las televisiones, periódicos, ciudadanos… Piense que la gente ha de quedar contenta porque usted vive de sus votos. Otras organizaciones se volverán abanderadas de la causa contra la pobreza, y le pedirán dinero para ayudarle en su loable tarea. Posiblemente la administración tenga que hacer partidas no previstas inicialmente y lucrar a tales grupos “altruistas» pasando subvenciones por el BOE. Esto requerirá de más controles, más funcionarios y leyes que regulen las organizaciones civiles no vaya a ser que solo estén creadas para el lucro propio y no para el fin que dicen.
La ley también generará múltiples ineficiencias al depender del Gobierno porque no hay leyes que penen la irresponsabilidad política, y las que hay, no se cumplen. Por ejemplo, el Gobierno en una inspección general se dio cuenta, así como quien no hace la cosa, que se habían otorgado 600.000 tarjetas de pensionista a personas que no lo eran. Una empresa habría quebrado regalando el dinero de esta forma, pero a los burócratas no les importa despilfarrar aquel dinero que no es suyo, y por eso los controles siempre serán ineficientes en la administración. Pero a usted esto no le importa mucho porque ha prometido una ley y la ha de hacer, así que considerará este coste extra como un daño colateral aunque lo esté pagando el ciudadano.
Piense también en qué ocurría si aparece algún escándalo por el desvio de fondos estatales de alguna organización o miembro de su propio partido. También tendremos que prever eso y poner más controles. A la vez designar una comisión que se encargue de la gestión del dinero, de la coordinación con el resto de miembros del Gobierno, con Hacienda, un departamento de comunicación, otro que explote y mantenga las bases de datos… Ya hemos creado un pequeño monstruo y eso que ni siquiera hemos empezado a repartir el dinero.
Ahora que parece que lo tenemos todo más o menos controlado, un ejército de burócratas se dedicará a redactar el borrador con lo que ellos consideran «justo”. Luego, un grupo de «expertos» modificará el borrador para hacer la ley más «igualitaria», “democrática» y de paso otorgando más fuerza a otras ramas del Gobierno que también se querrán involucrar. Después un grupo de juristas se lo revisará no vayamos a pisotear alguna otra ley o derecho. Algo modificarán para decir que se ganan el sueldo.
Ahora pasará al Congreso donde cada partido interpondrá sus intereses para defender a su votante y partido mismo. Probablemente luego pasará al Senado, y luego otra vez al Congreso. Es el proceso habitual en nuestro sistema. Otros lobbies interferirán para quedarse con parte del pastel y una vez aprobada la ley para ayudar a los pobres, le estarán exigiendo modificaciones para que les deje entrar en su proyecto solidario. Y al final una bonita idea, que se resumía en un título fantástico, eliminar la pobreza, ha quedado en varios tomos de leyes con intereses de todos los grupos del Poder que solo han hecho que complicar algo que la sociedad ya hacía por sí misma. La beneficencia no la inventó el Gobierno, ¡es anterior!
Y después la traca: el Gobierno se queda sin dinero para pagar, y no lo hace o los beneficiarios se pasaran meses sin cobrar. Es lo que ocurrió con la Renta Básica de Emancipación, que tardaba una media de cinco meses en llegar a quien la tenía concedida. Lo peor de todo es que no habremos erradicado la pobreza, porque que yo sepa hay leyes así y aún tenemos pobres en nuestro país. Solo estará recibiendo el dinero el enchufado, el amigo del político, o el lobby de turno. Solo ha conseguido subir los impuestos al ciudadano y un monstruo burocrático imposible de manejar.
¿Pero sabe qué es lo que seguirá funcionando aunque no de forma óptima? La caridad de verdad, la de la sociedad civil que se hace voluntariamente sin necesidad de llegar a la extorsión que fomenta la tiranía de las buenas intenciones. Cáritas, por ejemplo, atendió en 2012 a más de un millón de personas. Desde que empezó la crisis recibió a un 174% más de personas en sus instalaciones que en los años anteriores. Desde 2001 hasta 2011, a pesar de todos los programas del Gobierno contra la pobreza, la organización multiplicó por 3,5 veces la afluencia de gente a sus locales de beneficencia.
Es cierto que Cáritas recibe dinero público, pero más de dos terceras partes del dinero que ingresa la organización religiosa es de particulares privados. Y si el estado recaudatorio al que estamos sometidos no fuera tan opresivo, sería mucho mayor como ya refleja la historia y propio sentido común.
Piense en el procedimiento que hemos tenido que hacer para «erradicar la pobreza” de forma Gubernamental. Hay montañas de programas estatales contra la pobreza que solo sirven para quemar el dinero del ciudadano y apoyar intereses corporativos del Gobierno. Según el Instituto Nacional de Estadística, una de cada cinco personas en España está en situación de pobreza y el 12 por ciento llega a fin de mes "con mucha dificultad».
Y ahora multiplique todo esto por tantos otros programas estatales que tenemos. El de la integración, el de la igualdad, ecologismo, la enseñanza, la dignidad, el del tercer mundo, la alianza de civilizaciones, la pacificación de oriente medio, el de ayuda al lobo de no sé qué región, el programa para una vivienda digna, el de ayuda a los trabajadores del carbón, al teatro, al cine, a la lírica, a los jóvenes deportistas, a la innovación… El uso de la violencia sistemática reflejada en un papel no puede cambiar la sociedad como por arte de magia para hacerla mejor. Es que es una contradicción.
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