Si desde 1946 los hechos desmentían la retórica de los gobiernos de Francia, Reino Unido y EEUU, quienes vocalizaban idénticos principios en 1975-76 ¿lo hacían por lealtad a los derechos democráticos de los españoles? El posfranquismo no puede entenderse cabalmente sin considerar los intereses externos y una ciudadanía privada durante cuatro décadas de organizaciones y derechos políticos, ante la que se dieron a la luz equipos cooptados, que han satisfecho con prioridad, más que las expectativas o compromisos con sus electores o afiliados de recuperar la soberanía, las exigencias de sus fuentes de sostenimiento.
La Junta Democrática formada en 1974, la Coordinación Democrática de marzo de 1976, que abogaban por la formación de un gobierno provisional, referéndum sobre la forma de Estado, y aún en una reunión del arco de representantes políticos (3 de noviembre de 1976), el representante de Felipe González, Luis González Llorente, rechazaba el proyecto de restauración de la monarquía agregando que la oposición estaba en condiciones de denunciar y hacer frente al referéndum convocado por Adolfo Suárez para legitimar la reforma del régimen. Asistíamos a una operación de imagen que buscaba atraer votos para después reconducir al país a un puerto distinto.
Una encuesta por sectores realizada en 1970 sobre el sistema preferido para después de Franco reflejaba:
Los gobiernos de la OTAN ya habían resuelto que a Franco le sucediera la persona por él elegida. La restauración de la monarquía había quedado enmarcada en las coordenadas que EEUU delineaba para España, desde que en 1948 don Juan de Borbón confiara a Franco la formación de su hijo (Franco lo designó sucesor en julio de 1969, sorprendiendo al conde de Barcelona). En 1976, como antes y después de 1945, las Potencias no querían oír hablar de que los españoles recuperaran soberanía para elegir sus formas de Estado y de gobierno, pese a que pasadas tres décadas se hacía patente que la mayoría de los españoles seguía reivindicando su soberanía interna y externa, sus libertades y valores cívicos que la prolongada dictadura no había logrado erradicar. El éxito de la pausada operación sucesoria dependió siempre de la neutralización de quienes reivindicaban el derecho de los ciudadanos a recuperar sus libertades. La puesta en práctica de esta operación fue más fácil después de 1975 cuando los líderes democráticos históricos habían desaparecido, ejecutados o muertos en el exilio. Mientras que Felipe González recibía de las Potencias la misión de trabajar por la aceptación como jefe del Estado del designado por Franco. La operación sucesoria halló resistencia, pero fue relativamente sencilla. De la noche a la mañana los equipos en torno de González y Carrillo abandonaron las consignas de gobierno provisional, referéndum sobre la forma de Estado. De este modo, una vez que el conde de Barcelona cedía la legitimidad dinástica a su hijo (14 de mayo de 1977), el 15 de junio de 1977 se abrieron por fin las urnas para las elecciones parlamentarias, pero sin reconocer a los ciudadanos la libertad de elegir la forma de Estado y de gobierno. Los propios jefes políticos designaron a los candidatos en listas cerradas y bloqueadas de ámbito provincial. Asegurado así el control del Parlamento todo sucedería con mayor facilidad. En 1978, ordenarían a sus parlamentarios votar la forma monárquica del Estado.
Parte de la operación consistió en traer de Francia a Madrid, a propuesta del gobierno de Adolfo Suárez, después de las elecciones, a Josep Tarradellas para que fuera reconocido como presidente de la Generalitat catalana: "Soy -diría Tarradellas- un defensor inquebrantable de la monarquía de Su Majestad". El embajador de Francia reconocería que con "la llegada de Tarradellas a Barcelona se impidió en Cataluña que volviera a ser popular la izquierda "frente populista".
En las elecciones parlamentarias de octubre de 1982 González Márquez repetiría la operación para alcanzar otro objetivo, esta vez con menoscabo de la soberanía exterior. Mientras se identificaba en público partidario de retirar a España de la Coalición bélica, conseguida la mayoría absoluta en el Parlamento ordenó a sus hombres votar la …
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… sobre territorio, economía y recursos españoles, habían consumado la sustitución del régimen del Dictador, sin arriesgar el sistema de poder construido desde 1939. ¿A qué riesgos aludían? A que los ciudadanos asumieran el protagonismo del cambio y lo condujeran hacia horizontes distintos de los programados. Para evitar tal riesgo los planificadores previeron disponer de personas estipendiadas, comprometidas a conducir el cambio de régimen, a institucionalizarlo, sin devolver sus derechos nacionales y democráticos a unos ciudadanos deliberadamente mantenidos en un nivel bajo de movilización y rígidamente encuadrados.
La teorización de semejante proceso de cambio controlado es muy conocida. Entre sus divulgadores sobresale el del asesor del Pentágono y del Departamento de Estado Samuel P. Huntington, también asesor de la Comisión Trilateral
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