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Contradicción 3. La propiedad privada y el Estado capitalista

Publicado el 8 de enero de 2022, 21:06

Un crítico como Thomas Greco argumentapor eso:

 

La politización del dinero, la banca y las finanzas (que prevalece hoy día en el mundo entero) ha permitido la concentración del poder y la riqueza en pocas manos, lo que ha sido extremadamente perjudicial para las sociedades, las culturas, las economías, el gobierno democrático y el medioambiente. Los gobiernos nacionales se han arrogado una capacidad de gasto prácticamente ilimitada, que les permite canalizar la riqueza hacia sus clientes preferidos, emprender guerras a escala masiva y subvertir las instituciones democráticas y la voluntad popular. El privilegiado establishment de la banca privada ha conseguido monopolizar todo el flujo crediticio, permitiendo que unos pocos exploten a la inmensa mayoría mediante su parcialidad en la concesión de crédito, con réditos usurarios (disfrazados de «interés») y tasas cada vez más exorbitantes, y premiando a los políticos por sus servicios en la promoción de sus intereses 3 .

 

El argumento libertario, que no carece de lógica, es que eso fue lo que desde el siglo XVII en adelante subvirtió la posibilidad de una democracia burguesa genuina, caracterizada por la máxima libertad individual posible. Ese sistema obliga además al crecimiento exponencial, suscita «la destrucción del medioambiente y desgarra el tejido social mientras incrementa la concentración de poder y riqueza. Crea inestabilidades económicas y políticas que se manifiestan en ciclos recurrentes de depresión e inflación, conflicto interno e internacional y dislocación social» 4 . Por esa razón tanto el ala izquierda como el ala derecha del espectro político en Estados Unidos abominan de instituciones como la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional.

El balance de la contradicción entre intereses privados y libertades individuales, por un lado, y poder estatal, por otro, se ha desplazado muy decisivamente durante los últimos años hacia los centros antidemocráticos, autocráticos y despóticos del aparato estatal, donde se ven respaldados por la creciente centralización y militarización del control social. Eso no significa que los poderes no centralizados de los propietarios individuales se disuelvan, ni siquiera que estén en peligro. De hecho, esos poderes se ven reforzados en la medida en que el capital se siente cada vez más protegido frente a cualquier forma de oposición social, por ejemplo, frente al movimiento obrero o al ecologista. La descentralización suele ser en cualquier caso una estrategia óptima para mantener el control centralizado. El gobierno chino ha aplicado deliberadamente en los últimos tiempos ese principio con mucha eficacia. En ningún lugar es más evidente que en la organización estatal del poder del dinero en los mercados de materias primas.

Dado que en apartados anteriores he puesto repetidamente como ejemplos el mercado de la vivienda y la crisis en el mercado inmobiliario, permítaseme explicar brevemente cómo funciona en ese contexto la contradicción de la que nos ocupamos ahora. El derecho de propiedad privada sostiene la propiedad individual de las viviendas y los Estados capitalistas han apoyado sistemáticamente por diversos medios (desde los subsidios activos a la publicidad y la retórica en que se envuelven los sueños de propiedad de una vivienda) su extensión a sectores de la población cada vez mayores. Con ello se pretendía asegurar un crecimiento continuo del mercado inmobiliario como campo de acumulación activa y lucrativa de capital, pero también ha desempeñado una función ideológica crucial, consolidando el apoyo popular y populista a la estrategia de proporcionar valores de uso mediante mecanismos basados en el valor de cambio: con otras palabras, el apoyo a la vía capitalista. El sostén activo del gobierno a la propiedad privada de la vivienda en Estados Unidos, por razones tanto políticas como económicas, desempeñó así una parte importante en el fomento de la crisis de las hipotecas subprime que derribó algunas de las instituciones más importantes de inversión privada, pero también puso al borde de la bancarrota a instituciones semipúblicas como Fannie Mae y Freddie Mac, que tuvieron que ser rescatadas mediante una nacionalización temporal.

¿Cuál debe ser, entonces, la estrategia política de la izquierda respecto a la contradicción existente entre Estado y propiedad privada? Un simple intento de restaurar el equilibrio y de fortalecer las libertades individuales (como parecen propugnar muchos en estos últimos tiempos, tanto en la izquierda como en la derecha del espectro político) no puede bastar, en parte por el desplazamiento tan espectacular que se ha dado hacia el poder estatal arbitrario, pero también porque la fe en el Estado como agente potencialmente benevolente se ha desvanecido en gran medida. El regreso del Estado al papel de un puro «vigilante nocturno» sólo serviría para desencadenar los poderes de lo que ya es un capital muy desregulado, para hacer lo que le parezca sin ninguna restricción social o a largo plazo.

La única estrategia política alternativa viable debería tender a disolver la contradicción existente entre los intereses privados e individuales, por un lado, y el poder e intereses del Estado, por otro, y a sustituirla por algo diferente. En ese sentido parece enormemente sensata la preocupación creciente de la izquierda por el restablecimiento y revigorización de «los bienes comunes». La absorción de los derechos de propiedad privada en un proyecto general para la gestión colectiva de los comunes y la disolución de los poderes autocráticos y despóticos del Estado en estructuras de gestión colectiva democrática se convierten en los únicos objetivos a largo plazo que realmente merecen la pena.

Esos objetivos tienen sentido cuando se aplican al dinero y al crédito. La recuperación del dinero y el crédito como bienes comunes democráticamente regulados es imperiosa para invertir la tendencia hacia la autocracia y el despotismo monetario. Es imperativo disociar las actividades de creación monetaria del aparato estatal en nombre del fortalecimiento y democratización de las libertades y de la libertad colectivas. Dado que el poder del Estado capitalista descansa en buena parte
sobre los pilares gemelos del monopolio sobre el uso legítimo de la violencia y el poder monopolístico sobre los asuntos monetarios y sobre la moneda, el resquebrajamiento de este último llevaría consigo en último término la disolución (más que el «aplastamiento») del poder estatal capitalista. Una vez privado del poder sobre sus recursos monetarios, la capacidad del Estado para recurrir a la violencia militarizada contra su propia población rebelde quedaría también aniquilada. Aunque ésta pueda parecer una idea improbable, parte de ella se ha materializado ya en la utilización del poder de los bonistas en países como Grecia, Italia y España para dictar la política estatal hacia sus propias poblaciones. Basta sustituir el poder de los bonistas por el poder del pueblo y esa tendencia tan visible podría ser invertida con la misma facilidad.

El poder estatal es, como ya he dicho, genérico más que particular. De ahí que esa política tendría que disolver todas esas instituciones monetarias internacionales (como el FMI) erigidas para apoyar el imperialismo del dólar estadounidense y que sirven para mantener su hegemonía financiera en el sistema mundial. El mecanismo disciplinario que está destruyendo
actualmente la vida cotidiana del pueblo griego, así como la de muchos otros que han sufrido las intervenciones del FMI (habitualmente en combinación con otros poderes estatales multilaterales, como el Banco Central Europeo y la Comisión Europea en la llamada Troika) debería desmantelarse y dar paso a prácticas e instituciones de gestión colectiva de la riqueza común de la población. Tal solución puede parecer abstracta y utópica en relación con la práctica actual, pero para emprender una política alternativa es vital tener en mente ese tipo de visión y ambición a largo plazo. Deben formularse planes radicales, ya se les llame revolucionarios o reformistas, para impedir que la civilización se ahogue en la contradicción entre propiedad privada insensible y desregulada y poderes estatopoliciales cada vez más autocráticos y militarizados, consagrados a defender al capital y no el bienestar del pueblo.

3 Thomas Greco, The End of Money and the Future of Civilization, White River Junction (VT), Chelsea Green Publishing, 2009.

4 Ibid.


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