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La Iglesia, fábrica de informes político-sociales 301-320

Publicado el 18 de enero de 2022, 21:20

El otro cura de La Nava, Francisco Márquez, tampoco se quedó atrás:

 

… que el individuo relacionado al respaldo es un sujeto de pésimos antecedentes, fue secretario del Centro Obrero, con mucha frecuencia alentaba a las masas para efectuar requisas de ganado, estuvo varias veces en Cumbres Mayores, de donde se trajo jamones y monedas de oro, dirijió (sic) la destrucción de los altares, imágenes, ropas y todos los objetos de culto de esta Iglesia parroquial. Dios guarde a Vd. muchos años [134] …

 

José Luis Fernández fue condenado a la pena de muerte y ejecutado en Huelva el 7 de agosto de 1939. No le iban a perdonar su participación el día 14 de junio de 1936 en la organización del «bautizo monstruo» que se celebró en La Nava, en la ribera del río Múrtiga, en el que tres niños y tres niñas recibieron respectivamente los nombres de «Lenin», «Libertario», «Limber», «Pasión», «Redención» y «Sipenia» en medio de un ambiente festivo, música y baile inclusive, y en presencia de más de mil personas. Para la Iglesia y la derecha onubenses el bautizo laico del río Múrtiga fue una de las mayores ofensas populares recibidas durante la República y todo ello quedó guardado para el gran día de la venganza. Del «acto sacrílego», de la «bacanal repugnante», se responsabilizó al Ayuntamiento y muy especialmente a su secretario Antonio Cabello de Oropesa Jáuregui, persona considerada de orden sobre la que recayó una condena a reclusión perpetua por su colaboración en el acto, ya que, como secretario del Juzgado que también era, inscribió a los niños en el Registro Civil.
Casos como este se prodigaron en numerosas ocasiones y a veces, sin reparo alguno, se suscribían los informes más duros sin leerlos siquiera o identificándose con la Guardia Civil o el jefe local de turno por el mero hecho de ser quienes eran. Francisco Franco García, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), se encontraba en San Juan del Puerto trabajando cuando sobrevino el golpe. El alcalde ordenó la requisa de varios automóviles para las necesidades del Ayuntamiento y del comité creado para la defensa del pueblo, en uno de los cuales estuvo trabajando Francisco como chófer. Al terminar la guerra y tras ser detenido fue acusado de infinidad de delitos que se demostraron falsos sin grandes dificultades. Uno de los acusadores fue el cura párroco de San Juan, José de Olavarrieta, que se encontraba precisamente en El Viso del Alcor cuando emitió su informe. En esta ocasión, y sin preocuparse de las acusaciones que se le hacían a Francisco García, le escribió al juez:

 

No tendría inconveniente en firmar el informe dado por el Jefe Local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, por creerle hombre de conciencia, católico y digno de todo crédito, referente a dicho Francisco Franco García.


No sabía lo que el falangista había escrito en su informe pero le daba igual: lo suscribía. Poco le importaba al cura la suerte de su rebaño [135] .

Cuando terminó la guerra, el que fue alcalde socialista de Almonte, Manuel López Mojarro, retornó de lo que había sido zona republicana. Para las «fuerzas vivas» de Almonte constituyó un auténtico trofeo de guerra su detención y, como era de esperar, las acusaciones sobraron para presentarlo como responsable de todo, absolutamente todo, lo que había ocurrido en el pueblo, aun sabiendo que fue precisamente Manuel López Mojarro el que más se distinguió para evitar abusos y desmanes e incluso intervino para impedir que se asaltara la iglesia o le ocurriera alguna desgracia a los detenidos. Sin embargo, la inquina, el odio, la venganza pendiente contra él, no se hizo esperar, destacando precisamente el informe del cura párroco de la Iglesia de la Asunción, el ultrarreaccionario Francisco del Valle:

 

Certifico: Que el natural y vecino de esta villa Manuel López Mojarro, es sujeto de pésimos antecedentes, en el aspecto religioso es ateo, y casado civilmente y siendo alcalde destruyó un crucero de gran tradición en esta villa y mandó retirar todos los emblemas religiosos de los edificios incluso de la parroquia, que más tarde fue saqueada por sus esbirros, así como la capilla del Cristo y el Casino. En el orden político y social se ha destacado por sus propagandas subversivas, ordenando y tomando parte en todos los abusos cometidos en esta localidad. Y para que conste a instancias del Sr. Comandante Militar expido el presente en Almonte a veintinueve de abril de mil novecientos treinta y nueve.

Año de la Victoria.

FRANCISCO DEL VALLE. (Rubricado).

 

Así, acusándolo miserablemente y dejando clara constancia de su catadura moral —el cura Del Valle ya había demostrado de qué pie cojeaba cuando se unió a la grave revuelta antirrepublicana que, disfrazada de queja contra los excesos anticlericales, tuvo lugar en Almonte en agosto de 1932—, consiguió, junto a las «fuerzas vivas» del pueblo, que Manuel López Mojarro fuera sentenciado a la pena de
muerte y asesinado el 6 de diciembre de 1939 [136] .

Otro alcalde onubense, Francisco Pérez Carrasco, de Puebla de Guzmán, fue también detenido al término de la guerra y procesado. Al igual que Manuel López Mojarro en Almonte, intervino muy activamente para evitar desmanes, impidiendo que se llevara a cabo algún saqueo y, sobre todo, actuando decisivamente para que no le ocurriera nada a los veintisiete derechistas detenidos, entre ellos el cura Juan Romero Oviedo. Cuando este fue a declarar ante el juez, no tenía elemento alguno para acusar a Pérez Carrasco. Es más, al igual que los demás detenidos, le debía la vida. Sin embargo, no dudó en decir:

Que no puede deponer por falta de pruebas algunos extremos que se le imputan al referido inculpado, aunque sí sostiene que fue el autor moral de todo lo acaecido y figura destacada entre los socialistas, no ya de Puebla de Guzmán sino de la provincia de Huelva [137] .

 

Francisco Pérez Carrasco fue condenado a la pena muerte, pena que le
fue conmutada por la reclusión perpetua en marzo de 1942.
Para la justicia militar franquista acusar resultaba de lo más fácil, ya que en los sumarísimos que se instruía no se exigía prueba alguna de esas acusaciones. En esto se seguía la misma tónica de los asesinatos masivos que se llevaron a cabo tras las ocupaciones de los pueblos, realizados sin formalidades de ninguna clase. Esa facilidad para la acusación llevaba a que todos los izquierdistas de un pueblo fueran imputados por los mismos hechos. De este modo, por ejemplo, la muerte de un derechista recaía una y otra vez sobre todos y cada uno de los procesados, considerados en la mayoría de los casos como autores materiales. Así podía darse la paradoja de que, aunque todos supieran el nombre del culpable, el asesinato aparecía como realizado por decenas de vecinos.
Eso debió pensar el cura párroco Félix Galindo Moreno, de San Bartolomé de la Torre, cuando acusó a Alonso García Feria de haber participado e incitado a los vecinos a asaltar y quemar las imágenes de la parroquia. No importaba que ya hubieran asesinado a veintitrés vecinos de este pequeño pueblo en el verano y otoño de 1936 ni que, según los represores, hubiesen sido ellos los autores de estos daños. Cuando empezaron a regresar al término de la guerra aquellos que habían conseguido huir a zona republicana, las acusaciones siguieron siendo las mismas de siempre. La razón es simple: para aquellos que, como los párrocos, seguían haciendo informes los izquierdistas siempre serían los autores de todos los males. Y así, las mismas acusaciones servían para condenar a unos a treinta años y a otros a veinte, como en el caso de Alonso García Feria. Daba lo mismo. Lo verdaderamente importante era que ninguno quedara libre de castigo [138] .

Esta identificación de los párrocos de los pueblos con la derecha local y con la Guardia Civil se manifestaba continuamente. Había curas que ni siquiera necesitaban conocer nada de un detenido para presuponer que el hecho de estar preso ya constituía prueba suficiente para acusarlo. Cuando al párroco de Cumbres Mayores, Miguel Durán Díaz, le pidieron un informe sobre Florencio Fernández Morato, jornalero al que habían detenido porque «se mantiene hostil, no pertenece a Falange ni ha pertenecido a ninguna milicia», el escrito que envió al juez militar decía:

 

No puedo precisar si cometió desmanes pero es de suponer por haber sido detenido [139]

 

Lo importante era acusar, acusar de cualquier cosa aunque no se pudiera probar, porque lo cierto era que la palabra de un cura, como la de un guardia civil o la de cualquier fascista prominente, constituía para muchos jueces instructores una prueba casi irrefutable. De ahí la importancia que se le dieron a sus declaraciones e informes. Cuando Francisco Fernández de la Fuente, cura ecónomo de la parroquia del Divino Salvador de Valdelarco (Huelva), emitió un informe sobre el chófer y vecino del pueblo Benito Domínguez Navarro dijo:

 

Certifico: Que según referencias recibidas que me merecen entero crédito, el vecino de esta villa Benito Domínguez Navarro, era en esta localidad considerado como uno de los elementos más destacado y dirigente del movimiento «marxista»; perteneció al comité «Revolucionario»; intervino en el saqueo de la parroquia e incendio de las sagradas Imágenes y objetos del Culto que en la misma se guardaban; hizo guardias con armamento e intervino y tomó parte en todas las actividades del marxismo y hechos vandálicos.
Y para que pueda hacerse constar en el expediente que se le instruye y a petición del Señor Teniente Juez Instructor, extiendo el presente en Valdelarco en 19 de noviembre de 1939.

 

Año de la Victoria,

 

Francisco Fernández de la Fuente (rubricado).

 

Estas eran las acusaciones recogidas por el cura en fuentes que le merecían «entero crédito», que no eran otras que la comandancia militar, la Guardia Civil, Falange y el Ayuntamiento, como puede comprobarse en el procedimiento. Todos ellos se daban entre sí el mismo «crédito», por más que existiera una abierta contradicción con la declaración del acusado Benito Domínguez. Pero ¿qué validez podría tener su palabra frente al fascismo local en pleno? Y así fue como lógicamente, porque no cabía otra lógica, Benito Domínguez fue condenado a reclusión perpetua por los hechos «vandálicos» que se cometieron en Valdelarco, donde no se atentó contra la vida de nadie y donde, sin embargo, de sus algo más de ochocientos habitantes cuarenta y seis fueron asesinados con la aquiescencia de las «fuerzas vivas», la gente de orden, del pueblo [140] .

Y si no había cosas de qué acusar pues se inventaban. Cuando el cura
párroco de Riotinto, Mamés Delgado, informó sobre el minero Antonio López Cáceres, detenido al volver a su pueblo al terminar la guerra, tuvo un pequeño problema: no sabía de qué acusarlo porque no había nada destacable que decir. Sin embargo escribió:

 

Dicho individuo se distinguía por sus ideas de izquierda. Al advenimiento del Glorioso Movimiento Salvador tomó parte activa siendo uno de los más destacados marxistas de esta. Portaba armas y como persona de confianza de los dirigentes se le encomendó la misión de recorrer las casas donde había aparatos de radio para imponerles el escuchar solo las emisoras rojas.

 

Hasta ahí todo iba «normal», aunque dejara constancia del terrible delito de decirles a los vecinos que no escucharan las barbaridades de Queipo en la radio, «delito», por lo demás, que el propio acusado admitió. Pero el cura, como los demás informantes locales, no iba a permitir que sus acusaciones quedaran en esas nimiedades. Tenía que acusar a Antonio López con más dureza para que así lo quitaran de en medio. Y eso fue lo que hizo. Con evidente maldad y ya que no había nada de que acusarle en Riotinto, imaginó lo que podría haber hecho en otros pueblos, así que continuó su informe:

 

Hizo salidas de esta a pueblos de la provincia donde se dedicó al saqueo, robo, incendios de Templos y cuantos actos de barbarie en ellos tuvieron lugar a la llegada de las columnas que de esta partían. Al ser liberado este pueblo por Nuestro Glorioso Ejército huyó de esta con rumbo desconocido, sin constarme ya nada de su actuación hasta la fecha.

Dios guarde a V. muchos años.

Río Tinto, 25 de abril 1939

Año de la Victoria

El Cura,

Mamés Delgado Gil.

[134]
ATMTSS, HU, Caja 107-1425.

[135]
ATMTSS, HU, Caja 120-1643.

[136]
ATMTSS, HU, Caja 170-1427.

[137]
ATMTSS, HU, Caja 158-2065

[138]
ATMTSS, HU, Caja 14-1970.

[139]
ATMTSS, HU, Caja 75-914.

[140]
ATMTSS, HU, Caja 108-1443.


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