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La Iglesia, fábrica de informes político-sociales 321-334

Publicado el 24 de enero de 2022, 22:22

En este caso no habló para nada de incendios en Riotinto, de lo que se encargaron otros acusadores. Como Antonio López no había participado en el incendio de las imágenes de la iglesia parroquial, lo más fácil para el cura era suponer que lo habría hecho en otros lugares. En Riotinto no se atentó contra ninguna persona y ni uno solo de los 46 derechistas detenidos sufrió daño alguno, pero el incendio de las imágenes y el registro y saqueo de la propia casa del cura no iban a quedar sin castigo, porque lo cierto es que, aunque ya se hubiera hecho correr demasiada sangre y habían pasado cuatro años, a todos los asesinados los habían acusado por los mismos hechos. Los deseos de venganza y represión permanecían intactos en individuos como este. Muchos informes similares se presentaron en el aberrante procedimiento sumarísimo que se instruyó a Antonio López, pero el del cura fue especialmente valorado. El propio fiscal lo leyó en voz alta en la sesión del consejo de guerra celebrado el 28 de mayo de 1940. Lo demás vino solo. Antonio López Cáceres fue condenado a la pena de muerte y ejecutado el 31 de julio de 1940 [141] .

Los informes sirvieron muchas veces para ajustar cuentas pendientes o rencillas y diferencias políticas. Era una forma ideal para contestar a aquellos con los que habían tenido algún litigio o diferencia, por pequeña que fuera. En esos momentos, con la represión en pleno ejercicio, sus informes resultaron ser armas muy afiladas y bastantes más efectivas que los púlpitos. En el pequeño pueblo de Villanueva del Ariscal (Sevilla) los falangistas se sintieron denigrados por la bodeguera Ángeles de Góngora Iriarte cuando esta se negó a darles más de cien pesetas para una suscripción «patriótica». Le devolvieron indignados el dinero y la denunciaron a Queipo de Llano calificándola, claro está, de desafecta por tener trabajadores izquierdistas en su bodega y cosas así. Fue el momento elegido por el párroco Manuel López Vidal para sumarse a la denuncia y decir que en una suscripción que se hizo para el culto y clero en 1932 «sólo contribuyó algunos meses, dejándolo de hacer». De paso añadió «que es de rumor público que ha protegido a elementos de izquierda, dándoles trabajo e invitándoles a vino en su bodega». La alegría llegó pronto a los denunciantes porque, aunque era evidente que no podían calificar de «izquierdista» a esta mujer, consiguieron que Queipo le impusiera una desmesurada multa de cinco mil pesetas [142] .

El cura de La Puebla de los Infantes, Laureano Conde Ballesteros, detenido por el Comité y al que algunos trabajadores acusaron de haber disparado desde su domicilio contra el pueblo, declaró que no mantenía muy buenas relaciones con el veterinario Carlos Lora Navas. En diciembre de 1937, mediante un escrito anónimo, el veterinario fue denunciado a Queipo de Llano de ser un hombre izquierdista de Martínez Barrio y de haber cometido «abusos». Pero no era fácil acusar a Carlos Lora, que había pertenecido a Unión Patriótica y luego había sido secretario de Acción Popular. Resulta que un día, durante la etapa republicana, el que fue candidato de Izquierda Republicana, Pérez Joffre, asistió a un acto en el pueblo al que acudieron gentes de toda condición, entre otras la derecha local. Eso fue suficiente para que el cura dijera al juez militar:

 

… estando completamente cierto de que el Sr. Lora asistió a un banquete en este pueblo que se ofreció al candidato del tan repetido partido de Izquierda Republicana, Sr. Pérez Joffre. Que moralmente es, según sus referencias, persona que deja mucho que desear [143] .

 

Obviamente, la moral que valía era siempre la del cura y era este el que definía la de los demás. Sus avales se convirtieron en instrumentos codiciados una y otra vez por los familiares de los detenidos, que conocían el importante papel que la Iglesia tenía en el nuevo régimen. Si no había aval del cura, la situación del preso se convertía en insostenible. Cuando detuvieron al joven Joaquín Endrina Carmona, de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), en octubre de 1937, llevaba muchos meses movilizado como soldado en el ejército golpista. Ya habían sido asesinados dos hermanos suyos que habían participado después de la sublevación en un corte de tres árboles para establecer un control de carretera decidido por el Ayuntamiento y el Comité. También registraron y cachearon a varias personas, entre ellas al cura. Cuando la familia le pidió a Juan Vicente Molina Valero un aval, este le dijo al juez militar que la familia «es de fama pública que son izquierdistas» y que «no puede avalar su conducta». El joven Joaquín Endrina fue condenado a cadena perpetua [144] .

Esta falta de sensibilidad la demostraron continuamente sin inmutarse. Sus intereses y fobias estaban siempre por encima de todos los preceptos de su religión, empezando por los mandamientos del decálogo bíblico. Durante mucho tiempo en las procesiones y actos religiosos de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), la madre de los jóvenes María, José y Diego Arriaza Calero, se colocaba de rodillas delante implorando por sus hijos y preguntando qué habían hecho con ellos. Nunca encontró consuelo alguno y nunca pudo entender qué había sucedido en San Juan para que mataran a los tres.

Los informes de los párrocos existieron desde el primer momento. Prueba de ello son los consejos de guerra celebrados en 1936 en regiones ocupadas en las que estas farsas coexistieron con los asesinatos «por bando de guerra». Un buen ejemplo sería el de Lorenzo Palomo Chozas, último alcalde republicano de El Arenal (Ávila). Convencido de haber actuado bien permaneció en el pueblo, donde fue detenido el 2 de octubre de 1936. Las columnas de milicianos que desde Madrid se movieron tras el golpe por la zona de Arenas de San Pedro pasaron por El Arenal y se llevaron a nueve vecinos, seis de los cuales fueron asesinados. El alcalde no solo no intervino en estos actos sino que, además de cerrar el Ayuntamiento, intentó «refrenar los desbordamientos», liberó y alertó a los 44 derechistas detenidos y protegió al párroco y a tres escolapios.

De nada le sirvió. Los primeros denunciantes fueron precisamente el párroco Felipe Pérez Calvo, de 68 años, y uno de los escolapios, Santos Crespo Chinarro, de 32. Ambos declararon el 22 de octubre junto con otros vecinos igualmente contrarios al alcalde. De tono diferente fue la declaración del depositario municipal, Eduardo Jiménez Vinuesa, de 56 años, quien el 4 de noviembre reconoció que Palomo le ayudó y protegió. Debió ser este testimonio y la posibilidad de que el alcalde salvara la vida lo que movió a la derecha local a firmar un temible escrito acusador fechado el 27 de noviembre que se incorporó a la instrucción.

Mientras esto ocurría, y sin que por supuesto nada conste en el sumario, el 1 de noviembre habían sido asesinados en el pueblo los padres (Julián Palomo y Juana Chozas), un hermano (Venancio) y un cuñado (Mariano Cortázar) de Lorenzo Palomo Chozas. El consejo de guerra tuvo lugar finalmente el 5 de diciembre del 36. No se pudo probar su relación con muerte alguna, pero bastaron el informe de la Guardia Civil y las acusaciones de unos y otros («fundador de la Casa del Pueblo», «fomentó la revolución», «gran perseguidor de la gente de orden», «volvió de un viaje de Madrid gritando “¡Viva el comunismo rabioso y libertario!”», «en las manifestaciones gritaba Viva Rusia») para decidir su muerte. El párroco Pérez Calvo, que no le perdonó que tomasen mantas y colchas de su casa, reconoció no poder dar más detalles por estar oculto, pese a lo cual lo definió como «uno de los elementos más destacados del marxismo en esta villa». Evidentemente el párroco había olvidado los frecuentes contactos que solía tener con Lorenzo Palomo, hombre muy católico y que llevaba en la alcaldía desde mayo de 1933. También olvidó que el alcalde le había salvado la vida. La ejecución se efectuó a las 5 de la tarde del 20 de diciembre en el patio de la prisión provincial de Ávila [145] . Los firmantes del escrito, unos cien, podían dormir tranquilos.

[141]
ATMTSS, HU, Caja 126-1730 y 178-2235. El cura Mamés Delgado Gil fue el que al informar a la Comisión Depuradora del Magisterio sobre la maestra de Riotinto Lucía Maestre García, pese a no haber vivido desde hacía dos años en Riotinto sino en Salvochea (El Campillo), dijo que suponía que no cumplía con el deber de la misa semanal, ya que «no la veía los Domingos asistir a la Santa Misa» (Reyes Santana, Manuel, y Paz Sánchez, Manuel de, La represión del Magisterio republicano en Huelva, Diputación Provincial, 2009, pp. 402-403).

[142]

ATMTSS, sum. 473/36, leg. 106-3001

[143]
ATMTSS, expediente informativo 1938, leg. 175-7528.

[144]
ATMTSS, sum. 303/37, leg. 1280-31895.

[145]
Debemos esta información y la copia de la causa 845/36 a Remedios Palomo, nieta de Lorenzo Palomo Chozas. El mejor relato de lo ocurrido en Ávila se encuentra en González de la Peña, María del M., «Guerra y represión en Ávila», en Berzal de la Rosa, E. (coord.), Testimonios de voces olvidadas, Fundación 27 de Marzo, León, 2007, vol. I, pp. 21-96.


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