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DOS HISTORIAS SALMANTINAS: RAIMUNDO ETREROS SOUSA Y JOSÉ MARTÍN MERA

Publicado el 20 de febrero de 2022, 22:32

El 28 de junio informaba la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, según datos proporcionados por el sargento de la Guardia Civil Felipe Alonso Mediero, comandante del puesto de Villoria, línea a la que pertenecía Cordovilla. Reconocía la «buena conducta y antecedentes» de Martín Mera pero lo consideraba «asesor con carácter reservadísimo de los socialistas», «individuo muy reservado» y, aunque se reconocía como «muy probable» que no estuviera afiliado a ningún partido, «hombre emboscado y siempre echándose fuera de responsabilidad y peligro, no obstante sus malas intenciones e ideas socialistas». Como desde el Gobierno Civil se solicitara más información, un nuevo informe de 21 de agosto profundizaba más en la acusación: según el sargento el secretario, al que relacionaba con Manso y Villalobos [162] , había mostrado durante la República simpatía por los socialistas y connivencia con los obreros. Además había impedido que saliese la procesión  del Jueves Santo en la etapa del Frente Popular.

En ese momento el gobernador civil pasó el expediente de José Martín Mera al Gobierno Militar, por si consideraba oportuno hacerse cargo del asunto. La respuesta, de 14 de septiembre, fue contundente:

 

… que no habiendo acto alguno ni antes ni después del Movimiento Nacional, no procede someterle a la jurisdicción de guerra pero en cambio no debe tolerarse su continuación en el cargo, del que debe ser sustituido y obligado a cambiar de residencia por ser perjudicial en la que ahora tiene.

 

La reacción no se hizo esperar y de inmediato el secretario fue destituido y sustituido por un vecino del cercano pueblo de Villoria.

Poco después, a mediados de octubre de 1937, se produjo un hecho sorprendente que cambiaría la orientación del expediente: el cura Aurelio Gómez Muñoz, de 39 años y natural de San Esteban de la Sierra, denunció al sargento Felipe Alonso Mediero, de igual edad. Según el denunciante, el sargento había comentado al médico titular Ramón García de la Calle que el informe que más había perjudicado al secretario había sido el del cura, por lo que «…creyéndose difamado… denuncia al citado sargento para que este… rectifique su imprudente declaración…». Días después declaró el guardia civil, quien negó la acusación y añadió que un día que pidió al cura que le informara sobre la conducta religiosa del secretario le detalló una serie de «cargos gravísimos» que al guardia civil le parecieron excesivos. El cura ecónomo de Moriñigo, Julio Herrero Pérez, que asistió a la conversación entre Gómez Muñoz y el médico Ramón García, aseguró al instructor que efectivamente este dijo al cura que, según el guardia civil, los informes más perjudiciales habían sido los suyos.

El médico Ramón García de la Calle declaró que no había dicho tal cosa al cura, que lo que sí pudo decirle es que «los informes del sacerdote, dada su condición de tal, pudieran ser los que más perjudicaran al secretario». Lo que más intrigó al instructor fue que el médico dijera que conocía el expediente abierto al secretario, lo que justificó diciendo que se lo había mostrado el alcalde para pedirle consejo sobre cómo debía actuar. Cuando el instructor le preguntó si lo conocía más gente, el médico respondió tranquilamente que la mayoría de los vecinos de Cordovilla e incluso alguno de fuera como el secretario de Moriñigo, con quien también había hablado el alcalde.

El 20 de octubre tocó el turno al secretario Martín Mera, de 62 años y natural de San Pablo de la Moraleja (Valladolid). Dijo no conocer el expediente pero sí una comunicación del Gobierno Civil en la que se exponían los cargos y aclaró al instructor que en el pueblo todos lo conocían porque el alcalde informó a la corporación. Añadió un dato curioso: él era el único de los vecinos de Cordovilla que paseaba de cuando en cuando con el cura. Admitió que le habían molestado los exagerados informes del cura y que desde luego él estaba convencido de que eran los que más le perjudicaban.

El informe del instructor de la denuncia, el alférez de la Guardia Civil de Peñaranda de Bracamonte Juan Gallego Alonso, se decantaba por la inocencia del sargento Mediero. Pocodespués, a comienzos de noviembre de 1937, se envió una comunicación al obispo «para la resolución que en su acertado criterio merezca el mencionado Sacerdote por el hecho de haber producido denuncia falsa». El 8 de enero de 1938 la corporación de Cordovilla decidía por unanimidad absolver al secretario José Martín Mera y confirmarlo en su cargo por «no haber apreciado cargo ni causa alguna de las imputadas al referido funcionario». Una semana después se cerró el expediente y se envió al Gobierno Civil. Caso cerrado.

El caso del secretario de Cordovilla demuestra que para que el sistema represivo funcionara eficazmente era necesario que no se conociera la identidad de los denunciantes y en el caso de los informantes habituales (Ayuntamiento, Falange, Guardia Civil e Iglesia), aunque se filtraran las acusaciones, que no se supiera de quién procedía cada una. Cuando esto no se cumplía, todo quedaba al descubierto y expuesta a la luz la responsabilidad de cada uno en el desenlace del proceso abierto a uno de los vecinos. Esto desvelaba públicamente la trastienda de la represión y los intereses de unos y otros; también sus debilidades y bajezas. Parece claro que el alcalde y los concejales querían proteger al secretario y pensaban que la filtración de los informes lo beneficiaban a él tanto como perjudicaban a los autores. Entra dentro de lo posible que el médico dijera al cura que el sargento pensaba que el informe más perjudicial para el secretario era el suyo. Todos lo pensaban. La respuesta del cura, muy alterado por el hecho de que en el pueblo se conociera su informe y se pensara que era el peor, no podía ser otra que la que fue: culpar al sargento de la Guardia Civil de difamarlo.

La verdad era que tanto el informe del cura como el del guardia civil eran igual de despreciables. Primero el cura, por motivos que no quedan claros, y luego el guardia civil, quizás por simple  rutina represiva, buscaban acabar con el secretario Martín Mera. De ahí que, una vez hechos públicos los informes, ambos quisieran despegarse de las consecuencias. El del guardia civil respondía al estilo del Cuerpo: reconocer de entrada la buena conducta y la limpieza de la hoja de penales de alguien, para a continuación, a falta de delitos reales —¿cuántos salmantinos serían acusados de tener relaciones con «el malvado Manso»?—, dar rienda suelta a rumores y opiniones sobre su conducta y carácter. El del cura mostraba la doblez sibilina que tan habitual era entre los de la sotana: una serie de acusaciones que podían dar al traste con la vida profesional de cualquiera e incluso llevarlo a la cárcel y un giro al final diciendo que no le movía animosidad alguna y que incluso eran amigos. Cuando se le planteó si se ratificaba en la denuncia aludió a «lo mucho que le molestó que en el pueblo se hubieran enterado de que él era el que más había perjudicado al Secretario, persona esta que aunque no sostiene con ella gran amistad siempre ha sostenido con él cordiales relaciones». El cura llevaba en Cordovilla desde noviembre de 1935. ¿Cómo pudo acumular contra él en tan breve tiempo, año y medio, tal odio como para denunciarlo por izquierdista, anticlerical y funcionario incompetente? Nos quedamos sin saber qué sería de él a consecuencia de estos hechos, aunque es de suponer que sería trasladado  a otro lugar donde la gente ignorara la calaña del personaje.

Hay que mencionar también el hecho de que el instructor de la denuncia del cura fuera compañero del guardia civil acusado, lo que da cierto tono de farsa a su informe final, orientado a beneficiar al sargento, lo que queda de manifiesto en la forma en que despacha el testimonio del ecónomo de Moriñigo, testigo de la conversación entre el médico y el cura del que se da por supuesto que iba a apoyar a su colega. Una vez más quedaba de manifiesto que en caso de conflicto entre un militar y un cura, este salía perdiendo.

[162] Se refiere al ya aludido diputado socialista José Andrés Manso, asesinado a fines de julio en Salamanca, y al político liberal Filiberto Villalobos, que tampoco se vio libre de represalias.


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