El mantenimiento de la policía a nivel estatal cuesta a cada familia alrededor de 400 euros al año, más, los gastos que tenga cada comunidad y ayuntamiento. Aquí los datos pueden ser muy dispersos y variar sustancialmente entre cada comunidad. Las que más pagan serían País Vasco y Cataluña que aumentaría sustancialmente el importe indicado anteriormente.

El Gobierno no cubre las necesidades de seguridad ciudadana

¿Cree que ese dinero es suficiente para velar por su seguridad? No, es una miseria. El volumen es tan insuficiente que en España hay más de 1.300 empresas de seguridad privada que complementan la pública. El sector de la seguridad privada tiene alrededor de 150.000 empleados, más que la Policía Nacional y la Guardia Civil juntas [86] . No solo eso, el ciudadano recurre a la economía privada cuando quiere más protección comprando barrotes para sus ventanas, puertas blindadas, alarmas, sistemas de vigilancia… De hecho, el sector de la seguridad privada mueve unos 4.200 millones de euros al año en nuestro país [87] .

La seguridad del Gobierno no solo es insuficiente cuando se trata de satisfacer al ciudadano, sino incluso a la propia administración que ha de recurrir al outsourcing privado. Cada vez se está extendiendo más el uso de vigilantes privados en ubicaciones públicas en lugar de policía, especialmente entre los gobiernos locales. La razón es sencilla, son más asequibles que la policía y así los políticos pueden usar la diferencia de dinero en otras cosas más prioritarias para ellos.

Incluso el ejército contrata a guardas jurados para proteger sus instalaciones. Por ejemplo, la ex ministra de Defensa, Carme Chacón, gastó 9,2 millones de euros en la ''contratación del servicio de vigilantes de seguridad con armas en diversas instalaciones militares del Ejército de Tierra” y hospitales dependientes de Defensa [88] . No fue algo puntual, para 2013 sigue la misma tónica [89] . Incluso se ha acusado en diversas ocasiones al Gobierno de usar mercenarios en lugar de soldados en las misiones de Afganistán. Bueno, un mercenario en realidad puede llegar a ser un 30 por ciento más barato que un soldado español. Con la ventaja que no hay que formarlos, llevan mejor equipamiento, armas, vehículos, blindaje personal, tienen más experiencia [90] y en muchas ocasiones conocen mejor el terreno.

Pero no nos desviemos del tema. La pregunta que nos tendría que surgir es: ¿si gastamos tanto en policía y no acaba de cubrir las necesidades del ciudadano, dónde está ese dinero?

No es para nuestra seguridad, sino para la del Gobierno

Hasta junio de 2012 había más de 600 jueces y fiscales con escolta. Solo a este grupo habían destinados más de 2.000 policías (sin contar con la seguridad privada) [91] .

Los jueces se quejaron porque el Gobierno redujo a la mitad su vigilancia. Los policías pasaron a la protección ciudadana. ¿Tiene sentido que estén escoltando a un fiscal, un político que no conoce nadie o alguna otra «autoridad pública” con el dinero de todos nosotros cuando no hay una amenaza real contra ellos? Ahora mismo tiene más posibilidades de ser atacados los joyeros que ningún politicucho de alguna ciudad o juez. Los sueldos de estas personalidades no son bajos precisamente, si tanto miedo tienen podrían permitirse perfectamente pagar este servicio de su bolsillo. De hecho, mueren más joyeros asesinados por delincuentes que políticos, jueces y fiscales todos juntos. Según la Asociación Española de Joyeros Plateros y Relojeros, cada tres días se produce un atraco en alguna joyería y solo en el periodo de 2006 a 2008 fueron asesinados doce profesionales del sector. Y si esta cifra es terrorífica, los robos aumentaron un 40 por ciento a partir de 2010. Tendría más sentido que pusieran policías en joyerías que no escoltas a personas que no corren riesgo real y tienen suficiente dinero como para costearse su propia seguridad. El Gobierno y sus amigos usan los recursos de todos para defenderse a ellos mismos y no a la población que teóricamente sirven. Y es que un escolta “público» no solo da más seguridad, sino sensación de Poder. Con la excusa de la seguridad están dejando morir a ciudadanos para satisfacer el enorme ego de estas personalidades políticas.

Pero la policía no solo es un monopolio para saciar el narcicismo de las autoridades públicas, sino también para mantener a la población a raya. En economía tenemos una norma analítica llamada las Preferencias Reveladas. Esta teoría nos dice que, como economistas, no hemos de hacer caso a lo que diga el actor económico, sino cómo se gasta el dinero para ver sus preferencias de verdad. Si Juan dice que le encantan los caramelos de chocolate, pero solo compra caramelos de fresa, es que le gustan más los caramelos de fresa que los de chocolate diga lo que diga.

El Gobierno nos dice continuamente que la policía está para servirnos y proteger nuestra seguridad, pero no se gasta todo el dinero en nuestra seguridad. Mientras que el presupuesto en defensa ciudadana ha ido bajando año tras año, el de equipamiento ha aumentado. Por ejemplo, el Gobierno actual del Partido Popular ha elevado en un 1.800% el gasto en material antidisturbios. Es la partida que más ha crecido en los Presupuestos de 2013. Ha pasado de tener un coste de 173.670 euros a 3.260.000 euros. El Gobierno no tiene miedo a los rateros en las callejuelas, tiene miedo al ciudadano.

Y es que fíjese cómo ha evolucionado la indumentaria de la policía. Cada vez se parecen más a soldados que a policías. Hace treinta años solo llevaban el traje oficial y una porra. Hoy día parecen el Juez Dredd. Vestir a un policía cuesta más de 1.000 euros. Más exagerado es el caso de los antidisturbios que son a los que mejor han provisto. ¿Necesitamos este estado policial para nuestra seguridad? Si la policía cada vez se parece más a un soldado, es que al final será un cuerpo con funciones militares sobre el ciudadano. Y aunque ahora pueda parecer desmesurado, tendríamos que reflexionar sobre la contundente afirmación de los periodistas Rizer y Hartman cuando alertaban de esta cuestión:

«Cuando los agentes de policía visten como soldados, van armados como soldados, y se entrenan como soldados, no es sorprendente que se comporten como soldados. Y recuerde: el objetivo principal de un soldado es matar al enemigo»

Y es que el nacimiento de la policía nunca tuvo como finalidad proteger al ciudadano, sino controlarlo. El activista Michael Gilson de Lemos escribió un ensayo (The Crime that Created Police [93] ) donde explica que la policía, tal y como la entendemos ahora, fue creada como reacción al crecimiento de la seguridad privada. Fue una fuerza de choque para frenarla sacándole competencias y así tener a la población controlada.

También podemos ver cómo las nuevas leyes que van surgiendo para «hacernos a todos mejor» no han hecho más que implantar un estado policial sobre nuestras vidas. Una cantidad importante de policías no están en las calles preocupados por atrapar carteristas o violadores, sino que están en las carreteras para multarnos, o inspeccionando licencias de empresas, manoseándonos en los aeropuertos o parando a motoristas no vaya a ser quelleven el seguro un día caducado. Incluso la propia policía critica la actitud del Gobierno en su obsesión por fiscalizar a los ciudadanos.

Multar, multar, multar…

En el fondo, la policía no es más que una herramienta más del Gobierno. Hacen lo que les ordenan. En diversas ocasiones algunas organizaciones han denunciado cómo se está usando a este cuerpo de «seguridad” para intereses partidistas y recaudatorios. Ya hemos tenido varias huelgas de “bolis caídos» como protesta a la presión que reciben los agentes por multar más. En estas ocasiones el Ministerio del Interior siempre ha respondido negando la propia ley que ellos han hecho y amenazando a las fuerzas de seguridad.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado el afán recaudatorio del Resumen de Actividades Individuales (RAI) que permite «retirar completos económicos y abrir expedientes sancionadores a los guardias civiles que menos multas interponen a los ciudadanos». También añade que «el RAI ha convertido a los guardias civiles en cajas registradoras de las arcas del Gobierno» [94] . Después de esta llamada de atención de la AUGC al público, uno de los secretarios generales de la organización fue expedientado por falta grave.