En el fondo, la policía no es más que una herramienta más del Gobierno. Hacen lo que les ordenan. En diversas ocasiones algunas organizaciones han denunciado cómo se está usando a este cuerpo de «seguridad” para intereses partidistas y recaudatorios. Ya hemos tenido varias huelgas de “bolis caídos» como protesta a la presión que reciben los agentes por multar más. En estas ocasiones el Ministerio del Interior siempre ha respondido negando la propia ley que ellos han hecho y amenazando a las fuerzas de seguridad.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado el afán recaudatorio del Resumen de Actividades Individuales (RAI) que permite «retirar completos económicos y abrir expedientes sancionadores a los guardias civiles que menos multas interponen a los ciudadanos». También añade que «el RAI ha convertido a los guardias civiles en cajas registradoras de las arcas del Gobierno» [94]. Después de esta llamada de atención de la AUGC al público, uno de los secretarios generales de la organización fue expedientado por falta grave.
Al Gobierno le gusta su monopolio
La seguridad del Gobierno es muy importante para los políticos, por eso intentan restringir la competencia en lo máximo posible. Según la Fundación Empresa Seguridad y Sociedad (ESYS), entre los años 2007 y 2010, los recursos humanos del Cuerpo Nacional de Policía dedicados al control y supervisión del sector de la Seguridad Privada aumentaron en un 70,3 por ciento [95] . A pesar del gran número de empresas que hay en el mercado de seguridad privada, solo cinco se llevan más del 50% del negocio.
Esto nos viene a decir lo sobre regulado que está el sector. En este entorno de tanto acoso es imposible que surja una oferta competitiva real por más demanda que haya. En realidad, la demanda de seguridad es casi ilimitada por lo que la oferta podría ser abrumadora, pero las barreras de entrada del Gobierno hacen que las pequeñas empresas no puedan crecer y solo benefician a las grandes corporaciones, que mayoritariamente, trabajan para el Gobierno y encarecen el precio al cliente final, esto es, al ciudadano.
Seguridad ciudadana se consigue con competencia
A esto hay que sumar los intereses de los políticos para mantener su propia policía y señales de identidad. Diversos sindicatos policiales se han quejado de la poca uniformidad de sueldos entre las diferentes clases de policías.
Según la Federación de Empleados Públicos de USO [96] , la diferencia salarial de un tipo de policía respecto a otra puede llegar hasta los 10.000 euros anuales. Un inspector del Cuerpo Nacional de Policía percibe 39.859 euros brutos al año, mientras que un inspector tipo «A» de los Mossos d’Esquadra —la categoría equivalente en la policía autonómica catalana— es de 49.862, es decir, 10.003 euros más. Y la diferencia con un subcomisario de la Ertzaintza se sitúa en los 9.297 euros. El precio no lo pone el mercado, es decir, nuestra necesidad real de seguridad, sino la arbitrariedad del político. Y eso, lo pagamos todos. Encima, estos conflictos policiales no contribuyen en nada a mejorar nuestra seguridad.
Hemos dejado nuestra seguridad al Gobierno y le ha asignado una cuota que no satisface nuestras necesidades. Por si fuera poco, limita nuestras opciones de seguridad poniendo barreras a las empresas y a nosotros mismos con leyes que violan nuestro más intrínseco derecho a la defensa. En este país, si alguien entra a robar en su casa, usted puede acabar jurídicamente peor que el ladrón si se defiende. ¿Qué tipo de leyes y seguridad nos da esto?
Si solo un policía puede hacer un arresto, eso significa que los policías son una casta con más derechos que nosotros. Si la policía es la única organización con el monopolio de la fuerza, eso significa que nosotros no podemos defendernos cuando lo necesitemos. Tal y como está montada la justicia, si nos agreden o roban hemos de esperar a que algún policía pase en ese momento por donde nos están injuriando y salvarnos. William Blackstone, un jurista inglés del S. XVIII dijo en una ocasión:
«La defensa propia es un derecho natural que ningún Gobierno puede privar a las personas, ya que ningún Gobierno puede proteger al individuo en momentos de necesidad».
Incluso la propia policía recomienda a los ciudadanos, con voz baja, que se busquen ellos un poco la vida. Es la llamada que hicieron en la zona de El Baix Empordà (Cataluña) ante la ola de robos violentos que hubo. Según un diario de tirada nacional:
«Las autoridades juzgan insuficiente la vigilancia policial y piden a los propietarios que busquen medidas de autoprotección» [97] .
Pero estas llamadas son inútiles ya que la ley penaliza la defensa personal. Y es que es absurdo que multen o encarcelen a ciudadanos que lo único que han hecho es defenderse de agresiones. ¿Verdad que no necesitamos una aprobación, ni licencia ni permiso especial para ser padres? ¿Pues por qué solo la policía es la responsable de nuestra seguridad? Si una oleada de crímenes azota un barrio, en este país está prohibido que sus vecinos vigilen las calles contra los delincuentes. Pero, ah, es diferente que lo haga la policía. Bueno, ¿es que tienen mejor vista que nosotros? ¿No puede un grupo de ciudadanos vigilar y llamar a la policía si ve algo sospechoso? Es más, qué clase de sociedad prohíbe a la gente dotarse de aquellas herramientas para que se pueda defender dejándola así totalmente indefensa ante la agresión de criminales. Es que nos prohíben que impidamos agresiones incluso. Y si cree que el problema de la seguridad ciudadana se elimina con más policías no conseguiremos nada. En el ejemplo antes mencionado de El Baix Empordà los políticos multiplicaron la presencia policial de los Mossos d’Esquadra y Policía Nacional y no sirvió de nada. La oleada de violencia y crimen continuó. ¿Se imagina qué ocurriría si algún padre de familia, siguiendo los consejos de «buscarse más medidas de protección», disparase con una escopeta a un ladrón armado para defender a su familia? Lo encerrarían de por vida como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Y es que el lavado de cerebro contra la autodefensa y sus herramientas ha llegado a tal locura que los políticos, y una gran parte de la población, prefieren ver a una mujer brutalmente violada y degollada antes que soportar la idea de que ésta empuñó un arma contra su agresor para defenderse [98] . Ni la «democracia», ni el Gobierno, ni la sociedad tienen ningún derecho a decidir cómo se ha defender cada persona. Si prohibimos las herramientas para la defensa, como son las armas, solo conseguiremos que no puedan acceder a ellas la gente decente, porque los criminales siempre van armados.
El intento del Gobierno de anularnos como individuos, incluso en el más intrínseco instinto de protegernos, ha llegado a la locura total. Si queremos tener un mayor control de nuestra seguridad solo podemos abrir el sector hacia la sociedad civil, esto es, cuanto más dependa de nosotros y no de los políticos, mejor. Incluso nos resultará más barata porque se creará competencia. A pesar de las draconianas leyes que hay para tener constreñido al sector de la seguridad privada, ya hay numerosas empresas que se dedican a ello. Pues desnacionalicemos del todo el sector de la seguridad. Nuestro bienestar material, personal y familiar es demasiado importante como para que sea un monopolio del Gobierno.
Resumiendo:
1. La seguridad del Gobierno solo sirve para proteger al propio Gobierno de sus propios abusos.
2. Usa este monopolio de la fuerza para enriquecerse a costa del ciudadano.
3. Los recursos que asigna son totalmente insuficientes para el ciudadano.
4. Ha llegado a prohibir que nos defendamos por su locura obsesiva de tenernos controlados.
5. La única solución es abrir el sector al sector privado y dar más libertad al hombre de la calle para que recupere el control sobre su seguridad. Teniendo en cuenta que la demanda es infinita se crearán empresas rápidamente y herramientas que nos puedan facilitar nuestra seguridad generando así más empleos, riqueza y muy especialmente, más seguridad para todos y no solo para unos pocos.
[94] Guardias civiles denuncian que tienen que poner 50 multas al mes para cobrar la productividad. Diario VozPopuli. 21/01/2013
[95] Estudio Seguridad Privada en España 2012. Fundación ESYS.
[96] Un policía autonómico cobra hasta 10.000 euros más que uno nacional. Diario Expansión. 2009
[97] El Baix Empordà, en estado de alerta por los asaltos a chalets. La Vanguardia. 22/01/2013
[98] He escrito más de medio centenar de artículos sobre el derecho a defendernos y llevar armas. Puede consultar algunos de ellos en http://jorgevalin.wordpress.com/category/libertad-de-armas/
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