VIVIENDA / El drama humano / Dictadores de la producción / El control del Gobierno ha disparado la corrupción / ¿Por qué tenemos tanta corrupción urbanística?

La situación aún es más curiosa cuando la ley, hurgando más en este absurdo, coloca el derecho a la vivienda por encima del derecho de propiedad. Entonces nos encontramos con casos surrealistas. Una familia es desahuciada de su casa por no poder pagar las tres últimas cuotas de la hipoteca, pero oiga, un okupa entra en su casa de hurtadillas cuando usted no está, y ni la policía ni ningún juez pueden echarlos de ahí. ¿Tiene sentido?

Por si fuera poco, desde que empezó la crisis en 2007 se han producido unos 400.000 desahucios [99] . Desde enero de 2012 hasta septiembre, los procedimientos de desalojo de viviendas, locales y fincas presentados en los juzgados ascendieron a 50.000. Más de 180 al día, sábados, domingos y festivos incluidos. ¿Y qué hizo el Gobierno para evitar tal drama social? Nada, menos aprobar una ley que no fue más que maquillaje mediático. De hecho, pocos días después de ser aprobada se suicidó una persona.

Y es que la solución no es fácil. Algunas plataformas piden que el Gobierno pare los desahucios sin más, prohibiéndolos incluso. ¿Más Gobierno para curar algo que el propio Gobierno ha creado? Si los desahucios se limitaran de alguna forma, o incluso prohibieran, esto solo traería más impagos hipotecarios. ¿Y sabe qué significaría eso? Más ayudas a la banca. Es decir, todos pagaríamos las desgracias y picaresca que surgiría de otras personas. Lo que significa más impuestos, y más redistribución de la pobreza.

El problema social de los desahucios es totalmente insoluble. Y todas las leyes que se han aprobado para que los españoles tengamos un hogar de forma centralizada, esto es, gubernamentalmente, han sido el causante de este enorme y espantoso drama.

Dictadores de la producción

Un dictador, según la Real Academia de la Lengua Española, es una «persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos extraordinarios y los ejerce sin limitación jurídica», es decir, es libre para ejercer sus caprichos sobre el resto de la comunidad por la imposición de la fuerza ya que nadie lo limita. En el terreno económico, un dictador es el que tiene la capacidad política de imponer sus designios sobre la producción al resto de la comunidad de forma unilateral.

El Gobierno se convirtió en el principal especulador y manipulador del mercado cuando tomó el sector de la construcción en monopolio decidiendo cómo y dónde se construía por medio de sus terratenientes políticos. La obsesión del Gobierno con la construcción hizo desviar una cantidad importante de recursos a este sector que de otra forma no hubieran ido y se habrían invertido en otros proyectos creando una producción más útil para la sociedad sin necesidad de disparar los precios de la vivienda.

Si el Gobierno favorece por encima de otros escenarios productivos el sector de la construcción, los márgenes aumentan artificialmente. No es de extrañar que el sector de la construcción llegara a dominar el 18 por ciento del PIB español. Pero cuando los proyectos del mercado se llevan desde un despacho de Moncloa, las cosas no funcionan al final. Incluso ya metidos en la crisis el Gobierno no aprendió esta lección. En el año 2010, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, se mantuvo en esta posición de dictadora de la producción creyendo que salvaría al país e hizo un plan para crear 350.000 empleos en la construcción [100] . Dinero tirado al fuego. Ahora todas esas personas están en el paro y con este tipo de medidas solo contribuimos a evitar la corrección que ha de tener el sector.

El control del Gobierno ha disparado la corrupción

Casi todos los informes sobre corrupción señalan que uno de los sectores más afectados es el de la construcción. Y teniendo en cuenta que España ha sido uno de los países del mundo con el mayor boom inmobiliario, es lógico deducir que sus políticos serán de los más corruptos.

Nuestro país fue el que más denuncias presentó ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en 2007 [101] por abusos. Concretamente, 254 de las 1.506 quejas que tramitó el organismo provenían de España. Casi el 17 por ciento del total. Por detrás se sitúan Alemania (212), Rumanía (143), Italia (126), Grecia (92) y Polonia (91). Y no solo eso. Cada año fue peor. El texto del Parlamento Europeo nos dice que en 2007 la Comisión de Peticiones recibió un 50 por ciento más de denuncias que en el ejercicio anterior. A finales de 2012, España tenía más de 300 políticos imputados en casos de corrupción. Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza —lugares destacados por sus promociones urbanísticas—, seguidas de Cataluña y Galicia [102] .

El escándalo de España es tan palmario que incluso la Unión Europa estudió retirarnos las ayudas por la corrupción inmobiliaria que había [103] . Según El Informe Global De La Corrupción 2006 de Transparency International, uno de los principales problemas de la corrupción española es la excesiva fuerza de los políticos en las decisiones de dónde construir:

«En términos globales, el ámbito donde la corrupción es más elevada en España es el del nivel local de Gobierno. En estos gobiernos, sobre todo en los situados en la costa […] o en las inmediaciones de las grandes ciudades, la calificación del suelo urbano es el origen de los mayores casos de corrupción».

Según esta misma ONG —en su informe de 2012— España está al mismo nivel de corrupción que Botsuana quedando a la cola de nuestros vecinos europeos. Cuando la constitución dice que los políticos actuarán para «impedir la especulación», lo único que facilita es que ésta se traslade a la administración pública cobrando comisiones, favoreciendo el amiguismo y clientelismo y dejando a la población totalmente devastada.

¿Por qué tenemos tanta corrupción urbanística?

Ya vemos que España es un caso de libro de lo que puede llegar a ser la corrupción urbanística gracias al Gobierno Omnipotente, pero lo podemos explicar de una manera más formal. El profesor Robert Klitgaard hizo una sencilla fórmula que nos lo puede mostrar:

C=M+D-A

Donde la Corrupción (C) es igual a: el Monopolio de la decisión (M), más la Discrecionalidad (D) o libertad de acción del burócrata; menos la Responsabilidad («A», de sus siglas en inglés, Accountability). Es decir, cuanto más reducido sea el grupo de actores que toman la decisión sobre un asunto en cuestión (monopolio), y mayor discrecionalidad o libertad de decisión tengan para tomar su decisión, más corrupción habrá. Esto se amortiguará cuanto más responsable sean los políticos (que suele ser cero). El propio Klitgaard explicita el sentido de su fórmula:

“Ya sea que la actividad sea pública, privada o sin fines de lucro, ya sea que uno esté en Nueva York o en Nairobi, tenderemos a encontrar corrupción cuando alguien tiene un poder monopolístico sobre un bien o un servicio y tiene el poder discrecional de decidir si alguien lo recibirá o no y en qué cantidad y no está obligado a rendir cuentas.
La corrupción no es un crimen pasional, sino de cálculo. En verdad, hay santos que resisten todas las tentaciones, y funcionarios honrados que resisten esta tentativa, pero cuando el tamaño del soborno es considerable y el castigo pequeño, muchos funcionarios sucumben” [104] .

En otras palabras. Dictador de la producción es igual a corrupción. Volvemos a ver cómo la falacia del Leviatán se aplica. Si dejamos que el Gobierno, funcionarios y burócratas dirijan la economía, solo obtendremos sobornos, especulación, compra de favores y dinero corriendo por debajo de la mesa.