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La sociedad civil ha de sustituir al Gobierno / TRABAJO /Salario mínimo / Costes de contratación / Protección del empleo

Publicado el 27 de marzo de 2022, 3:00

Como dice José Luis Ruiz Bartolomé, autor de Adiós al Ladrillo [105] :

«Si la Ley del Suelo de 1998 hubiera tenido el efecto que habitualmente se le atribuye, el suelo urbanizable habría pasado a ser un bien muy abundante y, por tanto, barato. Una auténtica liberalización hubiera dejado sin valor la codiciada firma del concejal de urbanismo de turno: el enorme poder que ejercen los ayuntamientos y autonomías en la atribución de derechos de edificabilidad se habría desvanecido. Y, como todos sabemos, esto no fue así, sino más bien todo lo contrario: la recalificación de terrenos fue el caldo de cultivo perfecto para la corrupción, las prebendas y los pelotazos» [106] .

El sector de la construcción obedece a las leyes de oferta y demanda como cualquier otro. Decretar que la vivienda es tan importante que ha de estar en manos del Gobierno solo nos ha traído que el acceso a un hogar sea imposible para un importante sector de la población ya que solo ha servido para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de muchos.

El principal culpable del disparatado precio de la vivienda ha sido el valor del suelo puesto a dedo por los burócratas. El Gobierno nos quiso dar un hogar a todos, y lo único que ha conseguido con su intrusismo es que una gran parte de la población no tenga donde «caerse muerta» y cientos de personas estén perdiendo su hogar cada día.

 

 

 

TRABAJO

 

 

 

«Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia…»

—Artículo 35 de la Constitución española

 

Parece que cuantas más garantías nos da la constitución, peor lo tenemos. El peor drama de España es el desempleo. El año 2012 cerró con una tasa de desempleo del 26 por ciento. En noviembre de 2012, el conocido periódico económico Financial Times traía una noticia con este chocante título:

«En algunas partes de España, el desempleo es peor que en Gaza».

¡Vaya! ¿Es que somos un país subdesarrollado? Sí, y todo gracias al Gobierno. Solo hace falta ver el gráfico inferior para ver el porcentaje de desocupados en nuestro país desglosado por Comunidad Autónoma. La situación es un drama.

Estos son algunos de los factores que han contribuido la tragedia:

Salario mínimo

En 1938 Estados Unidos aprobó la Fair Labor Standards Act (FLSA) que creaba por primera vez un salario mínimo interprofesional. Dos años después, sólo en Puerto Rico el desempleo aumentó un 50 por ciento. Afortunadamente en aquel entonces el Gobierno no era esclavo de lo políticamente correcto y enmendó su error derogando la ley. Según un estudio sobre el impacto de la medida, los Estados Unidos perdieron entre 30.000 y 50.000 puestos de trabajo gracias a la ley del salario mínimo. Expresado de otra forma, la FLSA contribuyó activamente a que se prolongara la crisis.

El salario mínimo solo perjudica a los más desfavorecidos. Si usted cobra 5.000 euros al mes le da igual el salario mínimo porque está muy por encima. Pero si usted es un joven que nunca ha trabajado, un inmigrante o una persona con poca cualificación por las razones que sea; su fuerza de trabajo o producción tendrá un valor inferior al de la media. Esa es su arma para poder entrar en el mundo laboral. Eliminar la única herramienta del desfavorecido, que es lo que hace el salario mínimo, es excluir a mucha gente del mercado laboral. El salario mínimo impone un precio mayor al que el trabajador es capaz de producir en el desarrollo de su labor, lo que crea paro y economía sumergida. En nuestro país es especialmente importante ya que tenemos un desempleo juvenil del 57 por ciento. Es decir, hay más jóvenes que no tienen trabajo que ocupados. Si imponemos un coste adicional al salario de mercado, simplemente mucha gente se quedará sin trabajar.

Como podemos ver en el gráfico anterior, el desempleo de los jóvenes se disparó con la crisis. Lo más normal es que en épocas de dificultades económicas los menos preparados (los que no tienen experiencia o poca) sean los más perjudicados. ¿Y qué hizo el Gobierno para ayudarlos? Se dedico a aumentar el coste de contratación de los jóvenes, esto es, subió el salario mínimo cuando lo tendría que haber eliminado.

Todo para ganar votos a costa de más dramas sociales, más desempleo y obligar a la gente joven a emigrar a otros países. El Gobierno es el culpable de la fuga de cerebros (un millón entre 2011 y 2012 [107] ) y alto desempleo con sus medidas políticamente correctas e interesadas.

 

Costes de contratación

El salario de un trabajador es un coste para la empresa, por lo tanto, cuanto más bajo sea, mejor. Una persona aumenta su salario a medida que va adquiriendo conocimientos, experiencia, especialización y añade valor añadido a su trabajo. Ir cobrando más con el tiempo no es una tarea fácil, pero el Gobierno lo ha convertido en una labor titánica con sus manipulaciones.

¿Sabía que el 50 por ciento del salario real que la empresa le paga se lo queda el Gobierno? Sí. Entre cuota empresarial a la Seguridad Social (SS), cuota del trabajador a la SS, IRPF e IVA, los políticos nos arrebatan más o menos la mitad de lo que trabajamos. Es como si trabajáramos la mitad del tiempo para los políticos. Es decir, si alguien está cobrando 20.000 euros anuales, en realidad la empresa paga por el trabajador unos 26.200 euros, pero solo percibirá 12.200 euros netos al año. ¿No le parece un sistema un tanto expropiatorio?

¿Y en qué se traduce todo esto? En más miseria. Pero la pregunta clave es: ¿tiene sentido que con una tasa de desempleo del 25 por ciento que el Gobierno penalice el trabajo de esta forma? Más impuestos al trabajo significan más desempleo y más economía sumergida.

La imposición de costes artificiales, como los impuestos al trabajo, no solo penalizan a las empresas y personas ocupadas, sino también al consumidor. Si el precio final de un producto ha de ser mayor al coste de su elaboración, esto significa que cualquier aumento en los precios de las fases de producción intermedia, solo puede hacer que el coste final aumente también. Si para hacer una mesa se necesitan veinte horas de un operario y le aumentamos artificialmente lo que nos cuesta el trabajador, de forma irremediable esto impactará en el precio final de la mesa, esto es, la tendremos que vender más cara. Esto significará que los consumidores siempre pagaremos más. Además, la mesa también tiene impuestos.

La maquinaría gubernamental ha creado un problema ahora. Sus elevados impuestos al trabajo han creado que haya menos trabajo, que el poco que hay sea más caro y que más empresas entren en dificultades ya que los márgenes empresariales han sido absorbidos por los impuestos; pero lo peor es cuando lo intenta solucionar. No bajará impuestos, eso iría contra sus intereses, aprovechará la ocasión para dar más subvenciones al empleo, a cosas tan abstractas como a la «iniciativa» empresarial, a la creación de trabajo, a los sindicatos para que hagan cursillos. Para mantener los nuevos programas tendrá que contratar a más funcionarios, creará nuevos departamentos burocráticos, más control, más leyes… Pero todo esto no solo es inútil, tampoco es gratis. Nos tendrán que subir los impuestos a todos y degenerará más la situación, con más pobreza y más clientelismo. Es uno de los efectos clásicos del síndrome del dictador que ya hemos visto: la regulación siempre llama a más regulación y control.

 

Protección del empleo

En España dicen que el despido es libre, pero en realidad tiene un coste monetario para la empresa. Bueno, es como decir que usted es libre aunque vaya esposado. Los políticos de nuestro país mantienen una rígida ley en la disolución de contratos laborales. Según el Banco Mundial, en España el coste del despido está en 56. Puntuación muy similar a la de Angola, que es de 58. La media de la zona euro está en 36. Y la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 35. No parecemos demasiado competitivos ante inversores extranjeros.

Uno de los pasos que siguen las empresas cuando se instalan en un país es ver el coste del despido. Si no es atractivo, no entran y el capital se va a otra parte. No solo eso, las leyes de protección del empleo tienen un malévolo incentivo, y es que premian al que más tiempo lleva en una empresa en decremento del más productivo. Destruyen el sistema de la meritocracia. Algo así es especialmente corrosivo en épocas de crisis ya que al bajar los beneficios empresariales, las compañías han de reducir costes y la forma más rápida siempre es mediante el despido. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Pues que se va el joven, el que acaba de entrar por más que trabaje y se queda el veterano, que con el tiempo, y de forma muy generalizada, se ha asentado en su puesto teniendo unos rendimientos que no llegan a los óptimos generalmente. Se produce una gran contradicción entonces: el que no vale sigue trabajando y el que vale se encuentra en la cola del paro.

[105] Adiós, ladrillo, adiós. José Luis Ruiz Bartolomé. Ed. LibroLibres. 2010.

[106] Competencia acierta: hay que liberalizar el suelo. Nota en el blog http://adiosladrilloadios.libremercado.com .

[107] El número de españoles que emigraron desde enero crece un 21,6%. EuropaPress. 15/10/2012


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