El CESID y la Trama Arabe.

El tres de junio de 1991 el traficante de armas Sirio Monzer Al Kassar era detenido por orden del juez Baltasar Garzón en el aeropuerto de Madrid, Barajas. Los cargos que pesaban sobre él eran: haber facilitado armas a los secuestradores del barco Achille Lauro, haber mandado asesinar al libanés Elias Awad y haber llevado armas desde Madrid a París a una tal Marie Sybille Pool para que se realizaran atentados árabes en Francia.

Al Kassar había sido detenido anteriormente en Inglaterra por tráfico de drogas (1974) y tras pasar 6 meses en prisión salió en libertad (1975). En 1977 volvió a ser condenado por el mismo delito a dos años de cárcel.

Con estos antecedentes el general Manglano, director general del CESID, decide darle cobertura en España en 1983, a partir de ahí comienza a actuar como agente de los servicios secretos españoles.

Al Kassar comenzó trabajando con el CESID para los jefes de la división de tecnología Fernando de la Malla y de tráfico de armas Julio Garulo.

En 1984 Al Kassar sufre un atentado en el Paseo de la Castellana de Madrid por parte de los servicios secretos israelíes, el Mossad, resultando gravemente herido un palestino (hacia el que realmente iba dirigido el atentado) al que acompañaba, dirigente de la OLP.

En estas fechas era prácticamente el más importante suministrador de armas de la OLP.

Julio Garulo utilizó los contactos de Al Kassar para sacar beneficios con la venta de armas a Irak e Irán, a través de empresas americanas, chilenas, argentinas, portuguesas y españolas. La empresa de Garulo se llamaba Gamesa, en estas actividades Al Kassar colaboraba con el saudí Kasogui, también instalado en España y colaborador de los servicios secretos españoles y de la CIA.

Distintos responsables de la seguridad española intentaron utilizar los servicios de Al Kassar: Sancristóbal, entonces director general de seguridad, y el subdirector general de la guardia civil Francisco Javier Cereceda encargado de facilitar las correspondientes licencias de armas a las guardias personales de varios mafiosos residentes entonces en España, pero el auténtico jefe de Al Kassar seguía siendo Manglano al que este ponía de manifiesto los flirteos a que era sometido por los otros responsables de la seguridad del Estado.

Esta disputa por quedarse con la exclusiva de sus favores originó numerosos rencores y produciría distintas zancadillas entre la guardia civil por un lado, la dirección general de seguridad por el otro y en medio el CESID.

Tras la detención de Al Kassar en 1992 este hizo saber a Baltasar Garzón su condición de agente de los servicios secretos españoles, sus contactos serían utilizados para que mediara en la puesta en libertad del diplomático español secuestrado en el Líbano junto con varios funcionarios en 1993, Al Kassar se encargó de las negociaciones, permitiéndosele salir del país estando encarcelado y regresando poco después. Se alegó que se le dejaba en libertad ante la grave enfermedad de un hermano suyo, poco después el diplomático español era puesto en libertad.19

En febrero de 1995 se celebró la vista del juicio en la Audiencia Nacional. Entre los visitantes a las sesiones se encontraban agentes de los servicios secretos de medio mundo que desentonaban de los periodistas españoles acreditados, casi todos portaban acreditaciones de prensa que resaltaban entre los Rolex y joyas que lucían en sus manos.

El 26 de febrero Al Kassar era absuelto de los cargos de piratería por el secuestro del "Achille Lauro", la acusación solicitaba 29 años de cárcel. El abogado de Al Kassar Manuel Cobo del Rosal también lleva la defensa del exsecretario de estado para la seguridad Rafael Vera. Los brazos de los servicios secretos volvían a demostrar cuan largos eran20.

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A finales de 1991 el conde de Godó, importante industrial de las comunicaciones (Antena 3, La Vanguardia), ante los temores sobre su seguridad se ponía en contacto con el vicepresidente del gobierno Narcís Serra, su nombre había aparecido como uno de los posibles objetivos de ETA ante los faustos actos que se desarrollarían en nuestro país en el año 1992, las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla , en esos momentos el responsable de su seguridad era el agente del CESID Miguel Ruiz.

Este Miguel Ruiz era en realidad Mikel Lejarza, El Lobo, antiguo agente infiltrado en ETA y responsable de una de las mayores caídas en su cúpula (1974). El CESID ha sido responsable de los máximos golpes contra ETA.

En el asunto Sokoa el encargado de suministrar las armas con rastreadores electrónicos a los etarras fue otro de sus agentes Francisco Paesa, relacionado con el tráfico de armas, el blanqueo de dinero y la fuga de capitales, también fue el encargado de gestionar la entrega del exdirector general de la guardia civil Luis Roldán fugado de la justicia en 1994 y que se entregó en marzo de 1995.

Miguel Ruiz dependía directamente de uno de los responsables de la división de interior (jefatura de área) de los servicios secretos, el teniente coronel Julio Leal Monedero que en Noviembre de 1995 pasaría a hacerse cargo de la división de Inteligencia Interior en sustitución del general Santiago Bastos.

El vicepresidente del gobierno aceptó la solicitud del conde de Godó y se puso en contacto con el teniente general Manglano pidiéndole que nombrara a alguien de su confianza para realizar el trabajo, este se lo encarga a uno de los jefes de la división de economía y tecnología, el coronel Fernando Rodríguez González que utilizaba el seudónimo de Fernando Romero.

Las órdenes que recibió de sus superiores fueron las de controlar y vigilar a todos aquellos empresarios y ejecutivos que aparecieran relacionados con la compra de "la Vanguardia" y las cadenas de radio y TV propiedad de Javier Godó.

Tras instalarse en Barcelona y ponerse en contacto con su agente El Lobo monta varias empresas que le sirvan de tapadera para sus actividades: General Consulting y Comunicación, Broadcast y Servip-Stategic todas con sede en la ciudad condal.

Desde Madrid le enviaron dos agentes como personal técnico de operaciones clandestinas, los guardia civiles Vicente Gallego Abella y Manuel María Sánchez Mariano, este último había estado destacado en Cabo Verde en los años 1989 y 1990 con la misión de vigilar a los etarras deportados en ese país por el gobierno, en una de sus entradas "clandestinas" al piso de los deportados fue descubierto siendo expulsado del país por las autoridades caboverdianas bajo la acusación de robo.

También colaboraban con el equipo desplazado a Barcelona el ex empleado de telefónica, especialista en pinchazos, José Manuel Trujillo y el agente Juan Huget Huget (fue detenido en París por intentar colocar 7000 millones en letras falsas a la banca Rothschild junto con un ex dirigente de la UGT).

Este grupo operativo llegó a controlar al mismo conde de Godó además de los teléfonos de los máximos responsables del periódico.

Tras ser descubiertos los micrófonos, se hizo cargo de la investigación la brigada regional de información de la policía de Barcelona (1991), en junio de 1992 transcendería a la prensa.

El 27 de julio de 1992 se produciría un incidente que movilizó a la brigada judicial de la guardia civil; dos individuos se dedicaban a extorsionar a empresarios textiles catalanes, tras las comprobaciones de identidad estos resultan ser Manuel María Sánchez Mariano del grupo de escuchas y su cuñado Juan Moyano Linares.

Utilizando la información que conseguían gracias a los pinchazos, trataban de conseguir un sobresueldo extorsionando a ciertos empresarios.

Ante el proceso judicial en marcha el coronel Fernando Rodríguez y el teniente coronel Julio Leal interceden ante la jueza que llevaba el caso para que los deje en libertad, pero las denuncias sobre la red de extorsión a los empresarios catalanes se amontonaban en la mesa de los juzgados, estas implicaban a El Lobo.

La instrucción del caso de las escuchas la realizó el juzgado n° 32 de Barcelona, tras la vista del juicio en enero de 1996, a puerta cerrada, y decretado el secreto de sumario el juez Manuel Perea en una extensa sentencia de 55 folios condenaba a Miguel Ruiz Martínez El Lobo a siete penas de un mes de prisión y a Fernando Rodríguez González El Coronel a seis meses. Del total de dieciséis procesados tan solo diez serían condenados a penas que oscilaban entre el mes y los seis meses de arresto, por supuesto ninguno ingresaría en prisión. ¡Increíble pero cierto!

Las investigaciones que llevaba la policía pusieron al descubierto que la red de escuchas tenía controlada a la plana mayor de CIU: Prenafeta, Maciá Alavedra, Miquel Roca, Arturo Suqué, Durán Lleida, Carles Vilarubí, Joaquín Piqué Vidal, Javier de la Rosa, Pascual Maragall y el responsable de Esquerra Republicana de Cataluña, Angel Colom. Los agentes del CESID involucraban a Oleguer Pujol Ferrasola, hijo menor de Pujol, con el grupo independentista catalán Terra Lliure21 .

Entre los miembros de la magistratura espiados por la trama de Barcelona se encontraba el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Se hicieron informes donde se relacionaba a Garzón con Al Kassar y el cobro de dinero por parte de este.